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39 Impunidad, búsqueda de justicia y las implicaciones sociales en la arqueología aplicada – José Samuel Suasnávar, Renaldo Acevedo y Leonel E. Paiz – Simposio 16, Año 2002

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Suasnávar, José Samuel, Renaldo Acevedo y Leonel E. Paiz

2003   Impunidad, búsqueda de justicia y las implicaciones sociales en la arqueología aplicada. En XVI Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2002 (editado por J.P. Laporte, B. Arroyo, H. Escobedo y H. Mejía), pp.444-450. Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala.

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IMPUNIDAD, BÚSQUEDA DE JUSTICIA

Y LAS IMPLICACIONES SOCIALES EN LA ARQUEOLOGÍA APLICADA

José Samuel Suasnávar

Renaldo Acevedo

 Leonel E. Paiz

“… he luchado y esperado tanto para hacer este trabajo, a mis dos hijos los mataron yo no pude enterrarlos, porque me llevaron secuestrada, a mi nieta la tuve que regalar, cuando pude regresar a la aldea los vecinos me contaron como encontraron los cuerpos de mis hijos y donde los enterraron. Tengo tanto que decirles, tengo mucho en mi cabeza que quiero contar, yo quiero que se haga justicia, las gentes que hicieron estas matazones andan allí, como si nada, se quedaron con tierras, ganado y dinero que robaban de las familias que mataban, por eso están bien y nosotros seguimos sufriendo, nos quitaron nuestras familias y nuestras cosas…”  Xeabaj, Rabinal, 12 de abril de 2002

La arqueología del pasado reciente ha sido en los últimos años objeto de actualidad y controversia, suscitando, en algunos casos malestar, además de emociones muy profundas, precisamente por la cercanía de los acontecimientos que trata. Esta arqueología aplicada a casos forenses, es la que sirve de base técnica en una investigación criminal, ya que los administradores de justicia no pueden indagar si solo cuentan con los testimonios de testigos y sobrevivientes. Sin embargo al contar con la evidencia material, consistente en los propios restos de las víctimas, los que se convierten en testigos indelebles y dramáticos de la inacabable brutalidad humana, podrían establecer las circunstancias en que se dieron los hechos, así como quiénes fueron los responsables de las mismas.

Hace 10 años se realizó la primera exhumación por un grupo de jóvenes arqueólogos integrantes de lo que ahora se conoce como Fundación de Antropología Forense de Guatemala, la cual se logró después de una larga lucha por parte de familiares de las víctimas. Los familiares encontraron en estas acciones el único camino para ir sorteando las paredes de la impunidad y del silenciamiento profundo a que fueron sujetas, esperando con estas actividades el reconocimiento público de los hechos, y así dignificar a sus muertos y detener la continua violación al derecho fundamental de la vida. Una muy rápida revisión de esta historia nos servirá de marco para entender ese reclamo de justicia, que a pesar del paso del tiempo sigue vigente.

GESTACIONES DE VIOLENCIA Y PROCESOS DE IMPUNIDAD

La década de 1970 se caracterizó por un importante movimiento social, de carácter contestatario, que reclamaba mejores condiciones de vida para los trabajadores del campo y la ciudad; así como por la implantación de la propuesta insurgente en varias regiones del país. Se producía un importante aumento en la participación ciudadana en distintas luchas sociales. El principal motivo era la reivindicación por la tierra y las mejores condiciones de vida de la población rural. En 1978 fue uno de los momentos culminantes de dicho proceso, ya que en todo el país se producían movilizaciones sociales (huelgas, marchas, movimientos de protesta, etc), que iban en aumento. En 1976 se habían producido nueve; en 1977, 33, y en 1978, 40 (Figueroa 1996).

La incapacidad del estado para responder a los conflictos, la falta de consenso social y la intransigencia de los sectores más conservadores de la sociedad derivaron en una ola represiva. Inicialmente caracterizada por la desaparición y asesinato de líderes sindicalistas, universitarios, religiosos, así como integrantes de los movimientos campesinos, hasta llegar a su expresión máxima con la masacre de Panzós, sucedida el 29 de mayo de 1978. En donde según los testigos murieron más de 100 personas y 19 años después, cuando se hizo la investigación antropológico forense, se recuperaron los restos de solamente 35 personas. Hasta la fecha no se ha indagado sobre la responsabilidad de los responsables.

Al finalizar la década de 1970, el Ejército ya había empezado a realizar acciones de represión masiva en varios puntos considerados estratégicos, entre ellos varios lugares del departamento de Quiché. En enero de 1980, un grupo de campesinos (entre ellos, algunos miembros del CUC viaja a la capital para denunciar estos hechos). Visitan varios lugares, entre ellos el Congreso de la República y la sede de la OEA, en donde se les impidió el acceso; también visitaron los periódicos, pero éstos se niegan a publicar noticias al respecto. Con el apoyo de organizaciones estudiantiles y sindicales, la mañana del 31 de enero de 1980, 27 personas, en su mayoría campesinos, tomaron pacíficamente la Embajada de España, pidiendo entrevistarse con el embajador. Por orden del presidente elementos de seguridad fuertemente armados entraron violentamente a la Embajada y se produce un confuso incidente en el que mueren calcinadas 37 personas, salvándose solamente el Embajador y uno de los campesinos, quien posteriormente fue torturado y asesinado (CEH 1999).

Los campesinos se ven en medio de una incertidumbre, ya que no tienen acceso a la justicia y al querer hacer presencia para detener los hechos violentos, sus acciones terminan en más muertes. El propósito entonces se convierte en querer salvar sus vidas. Grandes migraciones se dan principalmente para México, así como la organización de pueblos por parte de los grupos insurgentes.

Sin embargo, hay poblaciones que no encuentran aperturas en contra de la discriminación y el derecho indígena, en estos movimientos insurgentes, por lo que en vez de organizarse, simplemente se desplazan, principalmente a los centros urbanos, Aquí surge el Movimiento Indígena TOJIL y ODIAD, Organización india para la defensa y auto desarrollo quienes accionan principalmente en Alta Verapaz, Quiché, Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, Chimaltenango y Sacatepéquez. La función de estas organizaciones era el acompañamiento para garantizar que las familias pudieran quedar con vida. Los grupos insurgentes los acusan de separatistas, de ser de la CIA, culturalistas e independentistas, igual suerte corren con las acciones del ejército, por lo que quedan con dos enemigos. El movimiento de estas personas es importante, ya que ellos no contaban con otro apoyo más que el de ellos mismos (los refugiados en México cuentan con el apoyo de ACNUR y otras instancias internacionales).

Mientras tanto en los centros urbanos, familiares de desaparecidos recurren a los medios legales que se encontraban vigentes, ya que él articulo 79 de la Constitución de 1965 establecía que “las autoridades que ordenaren el ocultamiento del detenido o se negaren a presentarlo al tribunal respectivo, o que en cualquier otra forma burlaren la garantía del habeas corpus, así como los agentes ejecutores, incurrieran en el delito de plagio, serán separados de sus cargos y sancionados de conformidad con la ley”. Generalmente este artículo no se cumplió por los jueces y en los pocos casos que algún juez decidió hacer efectivo el habeas corpus las represalias fueron comunes.

A partir de entonces no hay nada que detenga las masacres indiscriminadas en las poblaciones rurales, así como la desaparición de líderes en los centros urbanos. Ahora también valiéndose de la formación de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), que después se denominaran comités voluntarios de auto defensa civil y que funcionaron como una extensión del ejército, quienes amparados en el estigma de que lo que hacían era defender a la patria cometieron innumerables crímenes.

El 24 de agosto de 1980, el ejército y fuerzas de seguridad capturan a 17 sindicalistas de la CNT y a miembros de la Escuela de Orientación Sindical de la Facultad de Derecho de la USAC. El hecho ocurrió en la finca Emaús Medio Monte, Escuintla. En este caso se presentaron recursos de exhibición personal. El juez del lugar se presenta a una sede de la Policía Nacional. Este juez creyó dar con el paradero y cuando quiso ingresar se le negó el mismo con la consecuencia que tres días después fue abatido a tiros. En ese hecho murió el secretario del juzgado y cuando nombraron a un nuevo juez este también fue asesinado (CEH:130; Villaseñor 1999:18). Villaseñor señala “se llegó a pensar que permanecer con vida era una mera cuestión de suerte. La necesidad del trabajo y de sobrevivir contribuyeron al surgimiento de una generación de jueces temerosos, conformistas y sensibles a llamadas y recomendaciones que les producían terror”. La CIDH en su informe concluyó que “la independencia del poder judicial proclamada constitucionalmente, no funciona en los hechos, lo que ha derivado en una actitud de desconfianza hacia las actuaciones del poder judicial. La situación señalada ha dado lugar a un clima de arbitrariedad y represión en perjuicio de la administración de justicia y de la vigencia del debido proceso” (CIDH informe de, 1981:66).

Paralelamente, desde 1966 se habían iniciado las operaciones de los denominados escuadrones de la muerte. Dichas operaciones fueron anunciadas públicamente a través de la creación del Frente Nacional Anticomunista, integrado por quince agrupaciones para “organizar la autodefensa ante la nueva amenaza del comunismo internacional, en vista que el gobierno no ha manifestado la menor intención de cambiarlo” (McClintock 1985). A pesar de las numerosas víctimas cobradas por estos escuadrones los tribunales no investigaron a las personas que públicamente, habían afirmado pertenecer a ellos o apoyarlos.

El periodo comprendido entre los años 1982 y 1986 se caracterizó por la asunción al poder de los Gobiernos de Facto. El 26 de abril de 1982, la Junta Militar de Gobierno dictó el Decreto 24-82, que concentró en la Junta Militar los poderes Ejecutivo y Legislativo, incluyendo el nombramiento a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales colegiados. Se llegó entonces a la máxima culminación del fenómeno de insensibilidad y auto justificación, por parte del organismo ejecutivo, así como el del apoderamiento de atribuciones que normalmente corresponde ejercer a los tribunales, incluida la de juzgar, dando lugar a mayores violaciones de derechos humanos y a una más extendida impunidad.

Una de las primeras medidas del régimen militar fue derogar la Constitución de 1965 y sustituirla por una nueva norma fundamental. La situación del derecho al debido proceso se agravó durante el gobierno del General Efraín Ríos Montt, fundamentalmente por la creación de los denominados Tribunales de Fuero Especial, que en la práctica significó la derogación de poderes propios de un Estado de Derecho. Es de reconocer que estos Tribunales fueron un intento de legalización de la persecución a los opositores políticos, tras un periodo de 18 años en que ésta había revestido caracteres criminales y paraestatales. En todo este periodo, por ejemplo, ningún guerrillero capturado o persona eventualmente involucrada en delitos de carácter político había sido juzgado.

Los Tribunales fueron totalmente secretos sin que, hasta la fecha, se sepa quiénes los integraban. Tampoco se conoció nunca la sede de estos tribunales. El caso extremo que ejemplifica el carácter de estos, ocurrió cuando la Corte Suprema de Justicia, al otorgar un amparo provisional ordenando la suspensión de una sentencia de Pena de Muerte, se ignoraba a quién notificar la sentencia y a dónde llevarla.

El restablecimiento del recurso de exhibición personal, en marzo de 1983, no significó mayor protección para las personas detenidas. En el informe de la CIDH de 1984 se dispone que “el número de casos registrados por desaparecimiento de personas en Guatemala entre el 8 de agosto de 1983 al 30 de abril de 1984 es de 635, lo que arroja un promedio de 80 personas por mes”. Lo mismo ocurrió con las masacres que se perpetraron en los años 81 y 83. No se realizó una sola investigación judicial con relación a estos hechos, llegando los tribunales incluso a abstenerse de levantar los cadáveres y dejando a las fuerzas de seguridad que los enterraran en fosas o cementerios clandestinos. En muchos casos, los jueces favorecieron directamente la impunidad, amenazando a las víctimas para que no denunciaran el hecho o negándose a recibir las denuncias.

El fracaso del sistema judicial determinó la búsqueda de mecanismos no judiciales para resolver el drama de las desapariciones forzadas y las numerosas ejecuciones arbitrarias. En 1984 se establecieron dos comisiones para indagar sobre los desaparecidos. En marzo de ese mismo año se instituyó la Comisión Pro Paz compuesta por representantes de la sociedad, coordinados por el rector de la USAC. Esta comisión se desintegra a los dos meses, con la renuncia del rector, quien públicamente expresó que su cargo era puramente decorativo pues cotidianamente se produce el caos por la presencia de cadáveres tirados en los caminos, así como por los secuestros o las desapariciones. La misma suerte ocurre con la comisión tripartita compuesta por el ministro de la Defensa y de Gobernación y el jefe del ministerio público, la cual se disuelve por no poder dar con el paradero de ninguno de los desaparecidos.

En 1986, un día antes que asumiera el poder el Vinicio Cerezo, electo democráticamente, el jefe de estado saliente emite el decreto ley 8-86, por medio del cual se otorgaba amnistía general a todos los funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad que hubieran realizado actos delictivos hasta el 14 de enero de 1986.

BÚSQUEDA DE JUSTICIA

Debido a las persecuciones del año 1982, para esta época ya no habían organizaciones formales de víctimas o familiares de desaparecidos. El silenciamiento social de lo que ocurría, que se mantuvo durante muchos años, conformaba una situación por la cual se inducía a un consenso social que desmintiera, que renegara, de aquello que estaba ocurriendo. Las personas deambulaban de morgues a hospitales, de locales de bomberos a centros de detención, etc, tratando de localizar a sus familiares aunque sin contar con ningún tipo de apoyo legal, menos aún el de servicios legales proporcionados gratuitamente por el estado.

Estas personas, ante la constante coincidencia de verse en los mismos lugares, se organizan y surge un nuevo movimiento social, el de la búsqueda de desaparecidos. Fue así como se crean las primeras organizaciones que agrupaban a viudas, huérfanos, madres, entre ellas las ahora conocidas como GAM, FAMDEGUA, CONAVIGUA, ADIVIMA y otras. Estas organizaciones ponen denuncias para que se practiquen exhumaciones y con ello poder rescatar los restos de sus familiares, y establecer las circunstancias de los hechos, que culminaron con su muerte. Ante el choque de lo que las familias vivían, hubo gente que visualizó un futuro, no perdió la esperanza de honrar a sus muertos, de contar lo que paso, de pedir justicia. Quizá en ese momento fue un aliciente para superar el trauma vivido que luego se transformó en una meta para luchar y seguir adelante con sus vidas.

En el periodo de agosto de 1987 a diciembre de 1989 se presentaron 5729 solicitudes de exhibición personal, habiéndose designado juez ejecutor para casi la totalidad de ellas. Los jueces no lograron su objetivo; el habeas corpus quedo como una figura constitucional. Para dar respuesta se realizan algunas exhumaciones por los médicos forenses del organismo judicial, aunque el miedo que esta acción representaba hace que no se le pueda dar continuidad. Además, los médicos forenses en su campo de acción se ven reducidos, por que los hallazgos eran osamentas y no cuerpos, Por otro lado la interpretación de la escena del crimen a nivel arqueológico no era viable para ellos. En 1992 se logra gestar que arqueólogos realicen peritajes forenses, y que los mismos sean aceptados por las cortes.

En las primeras exhumaciones practicadas causó una sensación de impacto, con la cual ya no se podían negar esos acontecimientos, a pesar de los intentos que los resultados de los mismos no se conocieran, pronto llego a oídos de pobladores de otras comunidades, se sabía entonces que este trabajo era viable y que con suerte no habrían represalias, una nueva esperanza de hacer realidad sus demandas se podría materializar, este testimonio nos lo ejemplifica:

“… cuando nos enteramos de donde habían enterrado a mis dos hermanos, mi mamá dijo, que por la situación no los podía sacar de allí, pero que algún día, los iba a sacar de este barranco, para llevarlos al cementerio, dejo que cuando el tiempo mejorara estos trabajos se iban a poder hacer. Cuando se enteró que estaban haciendo exhumaciones, hace como siete años, empezó a dar vueltas, se iba a Zacualpa y a Santa Cruz, averiguando que tenía qué hacer y luego haciendo trámites para hacer la exhumación. Mi mamá, murió hace un año, ya no pudo ver esto, yo estoy aquí buscando a mis hermanos, por esa esperanza que mi mamá guardó desde que ellos murieron“ (Tunaja 26 de febrero 2001).

RESULTADOS

En estos diez años de trabajo, se han realizado hasta la fecha 203 exhumaciones, en 16 departamentos, sobresaliendo en intensidad de trabajo el departamento de Quiché, le siguen en su orden Baja Verapaz, Alta Verapaz, Chimaltenango y Petén (Fig.1). Se han recuperado un total de 1925 osamentas, de las cuales el 54% son de sexo masculino, el 18% de sexo femenino y en el 28% no son determinados, esto debido al estado en que se encontraron los huesos, ya que muchos de ellos fueron quemados y por lo mismo reducidos a fragmentos.

La etapa de desarrollo que se ha determinado de las osamentas analizadas refiere que el 65.39% son adultos, el 9.49% son sub-adultos; el 8.86% son infantes; entre neo-natos y no-natos es el 1% y no determinados son el 8.32%. En esos 203 casos es importante señalar que las denuncias de los familiares fueron con expectativas mucho mayores, en cuanto a la cantidad de restos de personas que se podrían encontrar, puesto que se han encontrado 1929 osamentas de 4569 personas que se esperaba exhumar.

Para entender esta diferencia tenemos que separar dos tipos de casos con los que trabajamos: abiertos y cerrados. Los casos abiertos consisten en aquellos lugares en donde se presume se encuentran los restos de las personas que tienen un estatus de desaparecidos, tal es el caso de centros de detención como antiguos destacamentos militares o puestos de registro, a estos lugares llegaban aquellas personas que eran bajadas de una camioneta o capturadas en un día de plaza, sin que necesariamente fueran de la misma comunidad.

De este tipo hemos investigado 18 sitios, como hallazgos relevantes tenemos personas que sufrieron alguna tortura previa, ya que básicamente lo que se buscaba con ellos era información. Además los contextos refieren excavaciones posteriores con las que se trató de borrar la evidencia de la existencia de un cementerio clandestino en el lugar. No todas las personas que fueron detenidas quedaron enterradas allí, ya que testimonios refieren el hecho de que perros se veían por las calles comiéndose la mano de alguna víctima, lo que apunta a que los restos fueron tirados en algún lugar.

Los tipos de casos cerrados se trata de aquellos cementerios clandestinos que están dentro de una comunidad, en donde se sabe la cantidad de personas a las que se les dio muerte ya sea por un caso selectivo o de tierra arrasada, generalmente los sobrevivientes elaboraron los listados de las víctimas y muchos de ellos participaron en las inhumaciones. Generalmente se trata de causas de muerte producidas más rápidamente, y en los entierros se observa mayor respeto a los muertos. En estos casos la cantidad de víctimas que se denunciaron se encuentran enterradas, se aproxima más a los hallazgos de las investigaciones.

Se debe señalar una diferencia más que de los 203 casos, 162 corresponden al conflicto armado interno y 41 son de violencia común de época más reciente. En los últimos generalmente se trata de casos individuales. De los casos de violencia común se ha llegado a tribunales de sentencia en seis de los casos, quizá el que acaparó más atención fue el de Beverly Sandoval. En los casos que no han llegado a juicio se tienen muy pocos elementos para investigar.

Sin embargo de los casos del conflicto armado interno solamente tres de ellos han llegado a juicio, siendo ellos Agua Fría y Río Negro, ambos en Rabinal, Baja Verapaz, en donde se juzgó a tres patrulleros a quienes originalmente se les condenó a pena de muerte y luego se redujo a 50 años de prisión. El otro caso es el de Cándido Noriega en Tululche, Quiché, a quien después de tres juicios se le condenó a 30 años de prisión. En los tres casos a quienes se ha juzgado son a los responsables materiales, pero no se ha hecho el esfuerzo por continuar con las líneas de mando para dar con los responsables intelectuales.

Actualmente la Ley de Reconciliación Nacional solo puede amnistiar a casos políticos y conexos políticos, por lo que todos los casos de lesa humanidad y de genocidio que son los que componen los investigados por la FAFG, podrían hacerse deducciones a los responsables. Ya que se ha establecido que las víctimas son civiles y que no presentaron oposición a sus agresores.

Cuando alguno de los fiscales tratan de indagar sobre quienes comandaban en algunas de las bases militares, se le niega la información aduciendo que después de 10 años tienen la obligación de destruir esa papelería, de la misma forma que los elementos de tropa así como los miembros de las PAC, de quienes se dicen no hay registros, pero por los movimientos actuales han ido apareciendo con sus carnés que los identifican como tales.

Quizá en nuestra realidad actual, no hay necesidad de nuevas amnistías, ni el control estricto del poder ejecutivo sobre el poder judicial, la cultura del miedo que se ha heredado, así como la falta voluntad política por esclarecer los hechos se evidencia en retrasos maliciosos, perdida de expedientes, perdida de evidencia, que hacen imposible el querer encontrar la justicia. El simple hecho que se pretenda indemnizar a las ex PAC, hace justificar los hechos violentos que ellos realizaron bajo el argumento de defender a la patria, además de asegurarles las cuotas de poder que varios de ellos mantienen en sus comunidades.

Si la justicia de la forma penal posiblemente no se alcanzara, la intervención de la arqueología al rescatar los restos ante los ojos de sobrevivientes, brindan la oportunidad de reconocer su verdad, de dignificar a sus muertos y de apropiarse de esa historia reciente, que pueda ser heredada a sus hijos con la valentía de no permitir que tanto dolor se vuelva a repetir.

Si lo característico de las relaciones jurídico políticas es tratar de regular las conductas colectivas mediante la construcción de estructuras que protejan de manera estable los derechos de todos. En ese instante hay que sacrificar la espontaneidad, creatividad, la gratitud y el riesgo en las relaciones. Por ello, la reconciliación trasladada irresponsablemente del ámbito de las relaciones interpersonales al ámbito de las relaciones jurídico-político, pueda alcanzar su máxima perversión y pasan de ser un acto creador de fraternidad, a ser un acto encubridor del crimen y destructor de las estructuras protectoras de la dignidad humana.

A los abuelos que la vida no les permitió esperar 20 años, a los hijos y nietos que tomaron la esperanza y el deseo de los viejos, a las madres y padres; a las abuelas y abuelos; a los hijos e hijas; a los nietos y nietas, que durante veinte años, silenciosamente vienen pidiendo justicia, ahora ese silencio empieza a romperse y los muertos contaran su historia a través de los vivos.

REFERENCIAS

OEA

1981        Cuarto informe de la situación de los derechos humanos en Guatemala. Comisión interamericana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos.

Figueroa Ibarra, Carlos

1990        El recurso del miedo. Revista Nueva Sociedad, No.105, enero-febrero, Caracas.

FAFG

2002        Cuatro casos paradigmáticos solicitados por la comisión para el esclarecimiento histórico de Guatemala. Guatemala, enero del 2000.

McClintock, Michael

1985        The American Conection, Volumen 2. En State Terror and Popular Resistance in Guatemala. Zed Books, Ltd., London.

CEH

1999        Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Guatemala, memoria del silencio. UNOPS, Guatemala.

Villaseñor, María E.

1999        Myrna Mack y su encuentro con la justicia. Guatemala.

 

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