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38 ¿Azar o estrategia?: Formas de muerte en el periodo del conflicto armado en Guatemala – Mercedes Salado Puerto – Simposio 16, Año 2002

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Salado Puerto, Mercedes

2003  ¿Azar o estrategia?: Formas de muerte en el periodo del conflicto armado en Guatemala. En XVI Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2002 (editado por J.P. Laporte, B. Arroyo, H. Escobedo y H. Mejía), pp.424-443. Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala.

38

¿AZAR O ESTRATEGIA?:

FORMAS DE MUERTE EN EL PERIODO DEL CONFLICTO ARMADO EN GUATEMALA

Mercedes Salado Puerto

“…Iban para unas dos aldeas que se llaman Río Blanco La Vega

y Llano Coyote, en donde allí también acabaron con aldeas completas,

ya de una vez con un plan ya preparado, no fuera así por azar, ya

completamente para exterminar, el exterminio de nuestra etnia,

porque los que más sufrimos fuimos nosotros los indígenas…

A todos, a todos y así que no me digan que no hubo genocidio

porque sí hubo genocidio, porque ya fue con un plan

preestablecido y planificado”

(Testimonio de superviviente de la masacre de Río Seco, Aguacatán, Huehuetenango)

Son múltiples los análisis históricos que se han realizado a lo largo de las últimas dos décadas, acerca del conflicto armado en el país, de sus causas y consecuencias. Es abundante la información en cuanto a contenidos, objetivos, corrientes políticas y naturaleza. Por lo tanto, no es mucho lo que desde nuestra labor podemos aportar a la reconstrucción histórica, que no haya sido dicho de una u otra forma.

Haciendo un breve (y seguramente ingenuo) recorrido por la historia de Guatemala, vemos que una de las constantes en el ejercicio del poder ha residido en el uso de la fuerza directa, y desde 1900 se observa que la obvia militarización permanente no ha tenido una evolución aleatoria. Es evidente que la implementación estratégica de ciertas políticas forma parte de un engranaje muy superior al de la cúpula estatal (gubernamental/militar), y que obedece no sólo a aspectos políticos, económicos o socio-culturales, sino a intereses que rebasan fronteras. Los sectores de inteligencia están claramente situados muy por encima de los identificados en el país, y los cuerpos represivos se convierten en un mero instrumento ejecutor de una estrategia finamente diseñada.

Esta estrategia, a pesar de los constantes paralelismos y puntos de encuentro con las desarrolladas en otros países (de los que en parte se nutre), tiene como particularidad una evolución en el tiempo desde el más puro control militar, al arrasamiento de la población civil y su involucramiento en la política contra insurgente. Se elimina la base social de la contra insurgencia, pero al mismo tiempo, se dirige, adiestra e implica a la población civil en el control y represión de su propio pueblo. El ejército (y sus múltiples aliados), se convierte en aglutinador del control social en la sombra, ejecutando su poder a través de fuerzas de seguridad, organismos gubernamentales y privados, “gobiernos constitucionales” y, sobre todo, de población civil. Se crean elegantes “campos de concentración” en áreas de conflicto, en aras del desarrollo y la seguridad, mientras que se va minando lentamente la estructura social, confrontando al propio pueblo y haciéndolo partícipe de su estrategia. Evidentemente, parte de la población civil ve en esta política una forma de poder, y participa de manera voluntaria, lo cual no deja de ser parte de la estrategia. La corresponsabilidad de los actos, de la implementación de las políticas contra subversivas, añade aún más impunidad a un aparato sistemáticamente directivo.

Al intentar comprender la historia, es difícil llegar a vislumbrar las consecuencias que, aún hoy, tiene la puesta en marcha de la estrategia represiva, la llamada “política del terror”, en la desestructuración social. Desenterrar la historia se convierte, entonces, en una responsabilidad en el entendimiento, en el aporte de datos a lo ya dicho, en la lucha inherente contra la clandestinidad y el olvido.

Es difícil, desde nuestra labor, no darnos cuenta de la repetición de patrones, tanto en la forma en la que se dieron las muertes, como en factores dependientes de características de las víctimas y sus ejecutores, de tiempo y espacio. Sin embargo, al observar los hechos de manera global, dichos patrones dejan de ser casuales, convirtiéndose en reflejos claros de una estrategia, ampliamente denunciada.

Es nuestra responsabilidad aportar al proceso nuestro limitado análisis, insistir en lo ya analizado, añadiendo datos no desde lo vivido o lo estudiado, sino desde lo observado a través de 10 años de desenterrar esa promulgada y sin embargo clandestina historia.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA

Desde principios de siglo, los gobiernos embargan económicamente al país, realizando importantes concesiones a compañías estadounidenses o europeas. En este periodo se crea, por Acuerdo Gubernativo, la figura de los comisionados militares, donde se sientan las bases de una estrategia de control social desde la propia población (CEH 1999).

La Revolución de Octubre supone un peligro para la administración estadounidense y los intereses tanto del ejército como del sector privado. Un memorando de la CIA, fechado en 1952, describe la situación como “contraria a los intereses norteamericanos, a causa de la influencia del comunismo … basada en la defensa de las reformas sociales y políticas de corte nacionalista” (Chomsky 1994). La situación concluye con la intervención directa estadounidense en el derrocamiento del gobierno de Árbenz (18 de junio de 1954), a la que se sucede una serie de gobiernos militares claramente asesorados por países como EEUU, Francia, Israel, Perú o Argentina y apoyados por el sector privado.

En este momento se crea, con ayuda de la CIA, el Comité de Defensa Nacional contra el Comunismo, que supone el inicio de la implementación estratégica de políticas contra revolucionarias. Paralelamente, se inicia la misión estadounidense de ayuda, con asistencia económica aparejada a la aplicación de la estrategia de desarrollo diseñada para Guatemala por la administración de EEUU, que incluye la abolición de restricciones para la inversión extranjera y la legislación, y el fortalecimiento del sector privado. La ICA (dependencia gubernamental estadounidense precursora de la AID), el Banco Mundial y la consultora privada Klein and Saks, constituyen una especie de gobierno paralelo. Este proceso lleva, paralelamente, un adiestramiento de ejército y policía (CEDSALA 1995).

En los años 60, se produce un giro en la estrategia de control social, con el inicio de los programas de Acción Cívica del Ejército, tomando como modelo el accionar de EEUU en Corea y Vietnam, donde el ejército de ocupación necesita mejorar su imagen pública nacional e internacionalmente (CEDSALA 1995). A esta imagen se suma en el país la sucesión de gobiernos dirigida por el Alto Mando del ejército, mediante convocatoria de elecciones, en las cuales el candidato ha sido previamente seleccionado y utiliza el partido político o coalición que le interesa para apoyar institucionalmente las candidaturas elegidas. Se impulsa la represión clandestina, con la creación de los escuadrones de la muerte y la participación activa de los comisionados militares reprimiendo a sus adversarios políticos (CEH 1999). Paralelamente, en 1962, se crea el primer movimiento guerrillero. “El 6 de febrero de 1962, un destacamento del MR13 ataca las oficinas de la UFCO, en Izabal, en lo que algunos consideran la fecha de nacimiento del conflicto armado” (Torres y Aguilera 1998).

Se gobierna coligadamente con el ejército, que para 1977 ya cuenta con más de 1000 oficiales y 2500 soldados entrenados en bases norteamericanas y en la Escuela de las Américas que EEUU tenía en Panamá.

En esta etapa ya existe una penetración importante de corrientes religiosas protestantes, dirigida, como estrategia paralela, principalmente a través de EEUU. El divisionismo de la población, junto con la inculcación protestante del apoliticismo, constituye una manera de control social “silencioso”. El Instituto Lingüístico de Verano (ILV), instalado oficialmente en 1952 (LeBot 1992), constituye una forma de evangelización a través de la alfabetización, como manera de control social. Se elaboran materiales impresos en EEUU, incluso en idiomas Mayas, a través de organizaciones como el ILV o “Alianza para el Progreso”, convirtiéndose en abastecedores logísticos para la evangelización. La población meta es la indígena.

Tras la “aparente” suspensión de la ayuda militar por parte del gobierno de James Carter, en 1977, Israel se convierte en abastecedor alternativo de armas y asesoría, principalmente en las áreas de comunicaciones, inteligencia y tortura. Con la experiencia israelí se comienza a gestar la idea de las futuras aldeas modelo.

A partir del gobierno de Romeo Lucas García, la estrategia contra insurgente da un giro importante en su planteamiento. Se habla de “apertura democrática”, y mientras se continúa con las ejecuciones y desapariciones selectivas, se inician las políticas de tierra arrasada, cuyo objetivo principal es la población civil (“quitar el agua al pez”, o restar base social a la guerrilla). Se cometen masacres indiscriminadas a la población, principalmente en áreas de conflicto, es decir, de mayor presencia de sectores guerrilleros. Comienzo, en el altiplano, la contra ofensiva decisiva del ejército, a las órdenes del general Benedicto Lucas (Torres y Aguilera 1998).

A raíz de dichas masacres, se produce el desplazamiento de gran cantidad de población hacia las montañas o hacia países vecinos. No se trata de ejecuciones selectivas, sino de asesinatos colectivos, en los que el ejército arrasa aldeas completas, torturando y matando de manera cruenta principalmente a mujeres, niños y ancianos, quienes quedaban en la aldea o no podían huir. Se queman casas y tierras, con el fin de impedir el retorno de los sobrevivientes.

La Iglesia Católica cuenta con una base social importante, fundamentalmente a través de Acción Católica. En esta etapa no existe una diferencia en las ejecuciones selectivas en función de la religión, considerándose blanco de ejecución a cualquier líder con incidencia social.

Se comienza a implicar cada vez más a la población civil en la ejecución de políticas contra insurgentes. La designación de comisionados militares alcanza niveles masivos, son obligados por el ejército a participar en operaciones militares contra insurgentes y gozan de impunidad frente a la población, potestad que fue utilizada por algunos comisionados en función de sus propios intereses individuales, ya sea económico o de otra índole (CEH 1999).

A finales de 1981 se implementan “informalmente” las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), estrategia dirigida por Benedicto Lucas. “El objetivo militar es saturar el área del enfrentamiento armado con patrulleros civiles, priorizando los departamentos que el Ejército tenía registrados como “zona roja”. La presencia militar se incrementó en los departamentos con mayores problemas de insurgencia, y al instalarse destacamentos y zonas militares, el control de la población civil se intensificó” (CEH 1999). La formación de las PAC es una táctica inscrita en la doctrina estadounidense, que tuvo una aplicación paradigmática en la guerra de Vietnam, durante la llamada “Operación Fénix” .

Tras el golpe de estado del general José Efraín Ríos Montt, y durante el escaso tiempo que duró su gobierno, se consolida la estrategia de involucramiento de la población civil en la política contra insurgente, y paralelamente se continúa con las masacres indiscriminadas a población civil.

Se elabora el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo (PNSD) que diseñaba la estrategia del alto mando para los años siguientes. El plan contempla “crear al más alto nivel político, un organismo de dirección del esfuerzo anti-subversivo”, así como “dotar de mayor capacidad legal y funcional a los organismos anti-subversivos”, y establecer el “esquema de control de la población”. Se insiste en el “incremento y aplicación de la acción psicológica a todo nivel”. Tales organismos dependerían operativamente del comandante militar de las respectivas zonas de operación. En el PNSD se mencionaba la importancia de la organización de la población civil y su participación en la lucha contra insurgente.

“Es a partir de este momento que el ejército convierte el desarrollo en un postulado estratégico y lo impulsa como elemento fundamental de la lucha contra terrorista”. Es en esta forma como el desarrollo queda condicionado y se pone al servicio de la seguridad nacional, es decir, de la lucha anti-subversiva, anteponiendo ésta al bienestar social. Su objetivo deja, entonces, de ser la solución de los problemas nacionales y el desarrollo se convierte así en arma contra insurgente (IGE 1989).

El Ejército elabora el plan de campaña Victoria 82; en el que se incluye como una instrucción de coordinación el incremento de las patrullas de autodefensa en las áreas de responsabilidad de cada comando militar. En repetidas ocasiones hace alusión a tales organizaciones con el nombre de Patrullas de Autodefensa Civil y contiene un anexo donde señala los lineamientos para su organización.

Se emite el plan de campaña Firmeza 83. En él, el Ejército reorganiza las PAC. El tercer objetivo del plan con relación a las PAC, establece que deben “influir psicológicamente en los pobladores de cada región para que la población sienta repudio hacia el enemigo, se alimente el sentimiento de unión pueblo-Ejército, orientado a localizar las bandas organizadas del enemigo que aún se encuentren activas”. Las PAC actúan, bajo ese nombre, en forma coordinada con los planes de campaña del Ejército Victoria 82 y Firmeza 83. Es a partir de este momento que se conocen oficialmente las PAC como grupos armados que desde el interior de las comunidades rurales inician una lucha contra los grupos insurgentes.

En los departamentos afectados por el enfrentamiento armado se intensifica la organización de esos grupos y se hacen evidentes principalmente en la región del noroccidente del país.“En el año de 1982 se contaba con un millón de patrulleros civiles” (Comisión de enlace del Ejército con la CEH, oficio No.057, 24 de julio de 1998).

Las PAC son reconocidas legalmente con el Acuerdo Gubernativo 222-83, el 14 de abril de 1983, mediante la creación de la Jefatura Nacional de Coordinación y Control de la Autodefensa Civil. Su formalización culmina con el decreto 160-83 que crea el Fondo de Protección Militar para la Autodefensa Civil. En los departamentos afectados por el enfrentamiento armado se intensifica la organización de esos grupos y se hacen evidentes principalmente en la región del noroccidente del país. Al principio, los patrulleros no portaban armas, ya que el ejército no sabía si se les podía confiar. El ejército ha distribuido alrededor de 20,000 armas, en su mayoría rifles M1 viejos. Cada patrulla armada recibe entre 10 y 15 armas y tienen que entregarlas al día siguiente. En la mayoría de casos, el entrenamiento de armas ha sido mínimo o inexistente (Solomon 1994). Se operativiza el plan de desarrollo socio-económico en apoyo a las operaciones contra insurgentes “fusiles y frijoles”.

El gobierno incluye en la estrategia de militarización de la población civil el asentamiento de campesinos desplazados por las masacres en “campamentos de refugiados internos”, que después pasarán a llamarse aldeas modelo. Al mismo tiempo que se cometen masacres directas a la población civil, se actúa selectivamente sobre los líderes de cualquier naturaleza y se fortalece la organización de la población en la ejecución del control social (principalmente en el área rural), a través de comisionados y patrulleros.

El estado se caracteriza por dar un decisivo impulso a la estrategia “silenciosa” de desestructuración social a través del divisionismo religioso. La Iglesia del Verbo se convierte en una cruzada que sustenta y fortalece la política contra insurgente, y cuyas secuelas perdurarán por generaciones. “El golpe maestro de Ríos Montt consistió en movilizar, en una perspectiva y en un contexto que daban la espalda a la antigua ideología liberal, el conformismo liberal del protestantismo guatemalteco y las potencialidades de una división religiosa en el seno de la sociedad. La Cruzada del Verbo combinó la propensión de los evangélicos a alinearse con el poder, con el pretexto del apoliticismo y su recurso esencial, la oposición al catolicismo, tanto más eficazmente porque éste ya se presentaba en forma de un rechazo radical del poder” (LeBot 1992).

En este periodo se favorece a ciertos líderes de iglesias evangélicas, mientras que hay una persecución de miembros principalmente de Acción Católica, cuya base social resultaba ya “peligrosa” para la política estatal.

El gobierno de Oscar Humberto Mejía Víctores (Ministro de Defensa del periodo anterior), se caracteriza por un descenso en la política de tierra arrasada, aunque persiste el control social a través de PAC y comisionados militares. En esta etapa se oficializan las “aldeas modelo”. Los sectores de la guerrilla se organizan en la Comandancia General.

El Estado Mayor de la Defensa Nacional crea la Oficina de Asuntos Civiles, que sustituye el programa de Acción Cívica. Se fortalece la estrategia de intervención social, con la formación del Sistema Nacional de Coordinación Interinstitucional para la Reconstrucción y el Desarrollo, que establece la subordinación orgánica de todas las dependencias estatales a las autoridades militares. También la actividad social o humanitaria de grupos privados debía contar con la aprobación de las coordinadoras. El ejército controla estructural y legalmente toda la administración pública, pudiendo utilizarla al servicio de los planes represivos y militares.

El papel del ejército continúa en el ámbito legislativo, con la convocatoria de elecciones para Asamblea Nacional Constituyente. En 1985, la visita del presidente y vicepresidente del gobierno a dicha Asamblea tiene como objetivo la petición de que en la futura constitución se garantice la vigencia de las Coordinadoras Interinstitucionales, los polos de desarrollo y las PAC.

En los siguientes periodos electorales, se continúa en la línea de Mejía Víctores en el control social y la utilización de comisionados militares y PAC. Se suspende sin embargo la política de tierra arrasada, siendo pocas las masacres registradas a partir de 1985. Existe un giro en el papel del ejército, hacia una mejor imagen, aunque es obvio el control en asuntos civiles.

En 1987, el Coronel Mario Enrique Morales, director de la Sección de Asuntos Civiles del ejército (S-5), describió esta nueva estrategia: “Ahora entendemos que podemos ganar más con acción cívica que con guerra. Esto representa un cambio muy profundo en la mentalidad militarista, en el ejército guatemalteco, y en eso somos originales, no estamos copiando modelos… hemos hecho todo eso por cuenta propia, sin consejo extranjero (Cultural Survival 1988).

El ejército comienza a controlar el retorno de los refugiados y desplazados del conflicto, dirigiendo su reubicación en el país, constituyéndose en una especie de organismo ejecutivo de la Comisión Especial para la Atención de los Refugiados y Repatriados (CEAR). Se comienzan a realizar transferencias al poder civil de las Coordinadoras Interinstitucionales (ahora llamadas Consejos Departamentales de Desarrollo). Guatemala continúa recibiendo fondos de EEUU y el gobierno reasigna fondos para la compra de armas.

En julio de 1988 se crea el Sistema de Protección Ciudadana (SIPROCI), un mecanismo por el cual todas las fuerzas de seguridad pasaron a depender operativamente del Ministerio de Defensa. Se trata de coordinar y accionar todos los cuerpos de seguridad por medio de la Inteligencia Militar (G-2). El SIPROCI se perfila como un organismo para cubrir en las ciudades las funciones de control que las PAC ejercen en el medio rural. El alto mando militar da las órdenes clandestinamente a las policías.

El coronel Julio Caballeros Seigné, director de la Policía Nacional en dos periodos durante el gobierno de Vinicio Cerezo, antes oficial de operaciones, de inteligencia y segundo comandante de varias zonas militares (Huehuetenango, San Marcos, Suchitepéquez y El Quiché), dirige el último curso de contra insurgencia impartido en la Escuela de las Américas, Fort Gullick, Panamá, antes de que ésta fuera cerrada en 1985.

La creación, a finales de 1988 del Centro de Estudios Estratégicos para la Estabilidad Nacional (EESTNA), es calificada por analistas como un proyecto del ejército para ampliar su campo de acción en la política nacional, interviniendo en la formación de los cuadros que a mediano y largo plazo dirigirían al país bajo su concepción estratégica.

En agosto de 1991 se autoriza la primera exhumación de cementerios clandestinos, en Chontalá, Chichicastenango, Quiché, durante el gobierno de Jorge Serrano Elías, militante en su juventud del MLN (Movimiento de Liberación Nacional), asesor del CACIF, y presidente del Consejo de Estado en el gobierno de Ríos Montt. Aparentemente esta decisión responde más a presiones externas que a un objetivo real del gobierno; el Ministro de la Defensa habla en 1992 de la “impostergable decisión de incrementar las PAC, a las que se dotaría de más armamento y de entrenamiento oficial” y cuyo ministro de Gobernación anuncia que 1000 plazas de la policía serían concedidas a elementos del ejército (CEDSALA 1995). En 1995 el gobierno de Ramiro de León Carpio disuelve la figura de los comisionados militares mediante el Acuerdo Gubernativo 434/95. Con la firma de los acuerdos de paz se da paso a un periodo de “apertura democrática”, en el que se incrementan las exhumaciones de cementerios clandestinos, aunque hasta el momento se carece de regulación legislativa al respecto.

Es evidente en este ingenuo recorrido que existe una estrategia militarista cuya ejecución ha ido cambiando a lo largo del tiempo y cuyos resultados han sido, entre otros múltiples, la existencia de un desconocido aunque gran número de cementerios clandestinos, en el que aún permanecen los restos de miles de víctimas, restos que nos ayudan a seguir desentrañando su historia.

MATERIAL Y MÉTODOS

En este trabajo se exponen los resultados del análisis comparativo de 33 casos de exhumaciones de cementerios clandestinos en el país, realizadas por la FAFG en el periodo de 1997 al 2002. En dichos casos se recuperaron los restos de, al menos, 522 víctimas. Los datos acerca de los hechos (temporalidad, autoría de las muertes, etc), fueron obtenidos a través de testimonios por personal de la FAFG, en la fase de antropología social de cada peritaje. Dichos datos, fueron corroborados y ampliados con archivos y fuentes documentales (CEH, REMHI, etc). La ubicación geográfica, la caracterización de las víctimas y la temporalidad de los hechos se indica en las Tablas 1 a 3. En la selección de los casos, se atendió al criterio de abarcar el mayor intervalo de espacio-tiempo, así como de victimarios.

De las 522 víctimas, 340 (65.1%) corresponden a hombres, 144 (27.6%) a mujeres y en 38 casos (7.3%), no fue posible determinar el sexo a través del peritaje, tratándose en estos casos principalmente de restos correspondientes a sub-adultos o a restos incinerados.

Con el análisis de los 33 peritajes realizados, uniendo la información testimonial, la arqueológica y la resultante del análisis osteológico de los restos recuperados se elaboró una base de datos, en la que se codificaron una serie de variables. Para cada variable se establecieron categorías con el fin de semi-cuantificar la información, útil para un análisis de este tipo. Cualquier tipo de análisis cuantitativo resulta pobre si no se tienen en cuenta también aspectos cualitativos en forma de hechos que, si bien no resultan estadísticamente significativos, sí lo son en términos de adecuación a la realidad.

Las variables analizadas, cuya codificación se realizó a través de categorías son: frecuencia y tipo de traumas circunmortem (lesiones producto de violencia directa en un momento cercano al de la muerte), ubicación anatómica de lesiones, número de lesiones, frecuencia de lesiones por impacto de proyectil de arma de fuego, lesiones contusas y lesiones corto-contundentes (o sus combinaciones), trayectorias posibles de proyectil, de impactos corto-contundentes y de contundentes, frecuencia de lesiones defensivas, causas de la muerte (inferidas a través de análisis óseo o arqueológico); presencia de balística y ubicación anatómica; torturas y su tipología, frecuencia de restos óseos quemados y contexto arqueológico.

TABLA 1

TABLA 2

Departamento

Frecuencia

% válido

Municipio

Frecuencia

% válido

Huehuetenango

38

7.3

Quiché

323

61.9

Colotenango

28

5.4

Baja Verapaz

80

15.3

San Andrés Sajcabaja

26

5.0

Sololá

21

4.0

Chichicastenango

43

8.2

Petén

42

8.0

Nebaj

23

4.4

Suchitepéquez

18

3.4

Chiche

66

12.6

Total

522

100.0

Santa Cruz del Quiché

13

2.5

Zacualpa

76

14.6

TABLA 3

Rabinal

65

12.5

Etapa desarrollo

Frecuencia

% válido

El Chol

15

2.9

nonato

5

1.0

Aguacatán

10

1.9

neonato

11

2.1

Sololá

21

4.0

infante

45

8.8

Cotzal

16

3.1

niño

31

6.0

Chajul

60

11.5

adolescente

46

9.0

Dolores

42

8.0

adulto joven

175

34.1

Santo Domingo

18

3.4

adulto

200

39.0

Total

522

100.0

No determinado

9

Total

522

En el caso de las lesiones, es evidente que la información se limita a lo observado en los restos óseos o en las fosas (análisis contextual) empobreciéndose de manera importante, ya que la mayoría de las lesiones descritas testimonialmente no son visibles en huesos. Del mismo modo, los casos de tortura descritos se limitan a la observación en el tejido óseo de lesiones cortantes recurrentes en áreas anatómicas no letales, lesiones contusas masivas en el ámbito corporal y lesiones en proceso de cicatrización que indica una detención de la persona por un tiempo no inferior probablemente a una semana.

En un primer paso se realizó un análisis descriptivo preliminar, univariante, para continuar con el análisis multivariante de la información, lo que enriquece considerablemente la interpretación.

Con el fin de que la lectura resulte más fluida, se evitará incluir todos los resultados descriptivos, priorizando el análisis multivariante y la interpretación que de ellos se haga. Esto nos evitará caer en una tabulación innecesaria de datos inconexos.

RESULTADOS

La temporalidad de las muertes, el periodo presidencial correspondiente, así como la autoría señalada y tipo de ejecución se describen en las Tablas 4 a 7.

TABLA 4

TABLA 5

Año

Frecuencia

% válido

Periodo

Frecuencia

% válido

1981

79

15.1

Lucas García

201

38.5

1982

284

54.4

Ríos Montt

182

34.9

1983

10

1.9

Mejía Víctores

17

3.3

1984

9

1.7

Lucas / Ríos Montt *

122

23.4

1980-1981 *

19

3.6

Total

522

100.0

1981-1982 *

24

4.6

1981-1983 *

55

10.5

1979-1982 *

42

8.0

Total

522

100.0

* Los casos en los que se indican intervalos en el año de la muerte, o periodos gubernamentales, corresponden a víctimas cuyos restos se recuperaron en destacamentos militares, que funcionaron en el área durante un prolongado periodo de tiempo.

TABLA 6

TABLA 7

Tipo

Frecuencia

% válido

Ejecutor

Frecuencia

% válido

Destacamento

142

27.2

Movimiento militar

254

48.7

Militares

368

70.5

Patrulla

11

2.1

Patrulleros

18

3.4

Ejecución pública

19

3.6

Militares y patrulleros

85

16.3

Detención

94

18.0

Militares y judiciales

2

0.4

Muerte natural

2

0.4

Judiciales y comisionados

10

1.9

Total

522

100.0

Militares, judiciales y PAC

7

1.3

Violencia indirecta

2

0.4

Militares, comisionados y PAC

20

3.8

PMA

10

1.9

Total

522

100.0

En ellas se observa que la mayor parte de las muertes se encuentran en el periodo de 1981 y 1982, y se adjudican al ejército, tanto en destacamentos establecidos, como en movimientos de patrullas militares por las áreas en las que se encontraban destacadas. En el caso de violencia indirecta se registran dos casos de muerte natural, a causa de la imposibilidad de asistencia médica debido al conflicto. Estos dos casos serán excluidos de los análisis cuantitativos posteriores.

Al analizar los ejecutores en función del tiempo y del periodo presidencial, excluyendo los casos de destacamentos, se observa una evolución desde una mayor participación en solitario del ejército en el 81, en la que se implican fuerzas de seguridad y comisionados militares, principalmente y con poca frecuencia patrulleros de autodefensa civil, a una diversificación de sectores más consolidada a partir del 82, involucrando en mayor medida a población civil, bien en acciones conjuntas o bien en acciones ya en solitario de patrullas civiles (Tabla 8).

TABLA 8

HECHORES

Militares

PAC

Militares / patrulleros

Militares / judiciales

Judiciales / comisionados

Militares/ judiciales/ PAC

PMA

Total

1981

Frecuencia

50

1

8

2

10

7

78

% en año de la muerte

64.1%

1.3%

10.3%

2.6%

12.8%

9.0%

100.0%

%  en hechores

20.3%

5.6%

9.4%

100.0%

100.0%

100.0%

20.6%

1982

Frecuencia

193

13

67

10

283

%  en año de la muerte

68.2%

4.6%

23.7%

3.5%

100.0%

%  en hechores

78.5%

72.2%

78.8%

100.0%

74.9%

1983

Frecuencia

2

3

3

8

%  en año de la muerte

25.0%

37.5%

37.5%

100.0%

%  en hechores

.8%

16.7%

3.5%

2.1%

1984

Frecuencia

1

1

7

9

%  en año de la muerte

11.1%

11.1%

77.8%

100.0%

%  en hechores

.4%

5.6%

8.2%

2.4%

Conteo

246

18

85

2

10

7

10

378

Total

%  en año de la muerte

65.1%

4.8%

22.5%

.5%

2.6%

1.9%

2.6%

100.0%

Esta misma tendencia se observa al analizar los hechores en función del periodo presidencial, con una mayor actuación del ejército en solitario o en combinación con comisionados o fuerzas de seguridad en el periodo de Lucas García, a una mayor participación relativa de las PAC en los gobiernos de Ríos Montt y Mejía Víctores (Tabla 9). En el periodo de Mejía Víctores se observa, además, una descenso significativo en el número de masacres, así como de acciones del ejército en solitario.

Excluyendo los destacamentos militares, las acciones de los distintos grupos ejecutores van variando a través del tiempo, con una tendencia significativa hacia las detenciones selectivas con mayor frecuencia en el periodo de Mejía Víctores frente a los gobiernos anteriores, en los que se producen frecuentes masacres en movimientos de patrullas militares, y en ejecuciones públicas (Tabla 10).

Si atendemos al tipo de población que es blanco de las muertes en estos tres periodos, excluyendo destacamentos militares, se observa un predominio de hombres adultos en las muertes asignadas a patrulleros, fuerzas de seguridad y acciones conjuntas entre el ejército y las PAC, mientras que en movimientos militares, se igualan ambos sexos y grupos de edad (adultos y sub-adultos). Esto concuerda con la descrita política de tierra arrasada implementada por el ejército en la que la población civil fue masacrada indiscriminadamente (Tablas 11 y 12).

Al analizar la edad y el sexo de las víctimas en función del año de la muerte, y de los gobiernos en cada periodo, se observa, que la mayor parte de las mujeres y niños murieron en el periodo de 1981 a 1982 (Tablas 13 y 14), y en el periodo presidencial de Lucas García y Ríos Montt (Tablas 15 y 16), con un descenso significativo estadísticamente en el de Mejía Víctores y a partir de 1983. Esto vuelve a indicarnos que en esos periodos fue donde se produjeron más ataques indiscriminados contra la población civil, sin distinción de edad. Cuando se analizan los grupos ejecutores por separado, se observa que la diferencia demográfica en las víctimas a lo largo del tiempo es debida a las muertes cometidas por militares en combinación o no con PAC.

TABLA 9

HECHORES

Militares

PAC

Militares/ patrulleros

Militares/ judiciales

Judiciales/ comisionados

Militares/ judiciales/PAC

PMA

Total

Lucas García

Frecuencia

136

5

12

2

10

7

10

182

% en Gobierno

74.7%

2.7%

6.6%

1.1%

5.5%

3.8%

5.5%

100.0%

% en  hechores

55.3%

27.8%

14.1%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

48.1%

Ríos Montt

Frecuencia

109

9

63

181

%  en Gobierno

60.2%

5.0%

34.8%

100.0%

%  en hechores

44.3%

50.0%

74.1%

47.9%

Mejía Víctores

Frecuencia

1

4

10

15

%  en Gobierno

6.7%

26.7%

66.7%

100.0%

%  en hechores

0.4%

22.2%

11.8%

4.0%

Total

Frecuencia

246

18

85

2

10

7

10

378

%  en Gobierno

65.1%

4.8%

22.5%

.5%

2.6%

1.9%

2.6%

100.0%

%  en hechores

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

TABLA 10

Tipo de ejecución

Movimiento militar

Patrulla

Ejecución pública

Detención

Total

Lucas García

Frecuencia

126

4

15

37

182

%  en Gobierno

69.2%

2.2%

8.2%

20.3%

100.0%

%  en tipo de ejecución

49.6%

36.4%

78.9%

39.4%

48.1%

Ríos Montt

Frecuencia

128

4

4

45

181

%  en Gobierno

70.7%

2.2%

2.2%

24.9%

100.0%

%  en tipo de ejecución

50.4%

36.4%

21.1%

47.9%

47.9%

Mejía Víctores

Frecuencia

3

12

15

%  en Gobierno

20.0%

80.0%

100.0%

%  en tipo de ejecución

27.3%

12.8%

4.0%

Total

Frecuencia

254

11

19

94

378

%  en Gobierno

67.2%

2.9%

5.0%

24.9%

100.0%

%  en tipo de ejecución

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

TABLA 11

Tipo de ejecución

Movimiento militar

Patrulla

Ejecución pública

Detención

Total

Masculino

Frecuencia

106

7

19

78

210

%  en sexo

50.5%

3.3%

9.0%

37.1%

100.0%

%  en tipo de ejecución

46.5%

63.6%

100.0%

92.9%

61.4%

Femenino

Frecuencia

122

4

6

132

%  en sexo

92.4%

3.0%

4.5%

100.0%

%  en tipo de ejecución

53.5%

36.4%

7.1%

38.6%

Total

Frecuencia

228

11

19

84

342

%  en sexo

66.7%

3.2%

5.6%

24.6%

100.0%

%  en tipo de ejecución

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

TABLA 12

Tipo de ejecución

Movimiento militar

Patrulla

Ejecución pública

Detención

Total

sub-adulto

Frecuencia

108

1

1

12

122

%  en edad

88.5%

.8%

.8%

9.8%

100.0%

%  en tipo de ejecución

43.0%

9.1%

5.3%

13.3%

32.9%

adulto

Frecuencia

143

10

18

78

249

%  en edad

57.4%

4.0%

7.2%

31.3%

100.0%

%  en tipo de ejecución

57.0%

90.9%

94.7%

86.7%

67.1%

Total

Frecuencia

251

11

19

90

371

%  en edad

67.7%

3.0%

5.1%

24.3%

100.0%

%  en tipo de ejecución

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

TABLA 13

Año de la muerte

1981

1982

1983

1984

Total

masculino

Frecuencia

44

150

7

9

210

%  en sexo

21.0%

71.4%

3.3%

4.3%

100.0%

%  año de la muerte

62.0%

59.1%

70.0%

100.0%

61.0%

femenino

Frecuencia

27

104

3

134

%  en sexo

20.1%

77.6%

2.2%

100.0%

%  año de la muerte

38.0%

40.9%

30.0%

39.0%

Total

Frecuencia

71

254

10

9

344

%  en sexo

20.6%

73.8%

2.9%

2.6%

100.0%

%  año de la muerte

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

TABLA 14

Año de la muerte

1981

1982

1983

1984

Total

sub-adulto

Frecuencia

20

102

1

123

% en edad

16.3%

82.9%

.8%

100.0%

%  en año de la muerte

26.7%

36.6%

10.0%

33.0%

adulto

Frecuencia

55

177

9

9

250

% en edad

22.0%

70.8%

3.6%

3.6%

100.0%

%  en año de la muerte

73.3%

63.4%

90.0%

100.0%

67.0%

Total

Frecuencia

75

279

10

9

373

% en edad

20.1%

74.8%

2.7%

2.4%

100.0%

%  en año de la muerte

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

TABLA 15

Gobierno

Lucas García

Ríos Montt

Mejía Víctores

Total

masculino

Frecuencia

100

96

14

210

%  en sexo

47.6%

45.7%

6.7%

100.0%

%  Gobierno

60.2%

59.6%

82.4%

61.0%

femenino

Frecuencia

66

65

3

134

%  en sexo

49.3%

48.5%

2.2%

100.0%

%  Gobierno

39.8%

40.4%

17.6%

39.0%

Total

Frecuencia

166

161

17

344

%  en sexo

48.3%

46.8%

4.9%

100.0%

%  Gobierno

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

TABLA 16

Gobierno

Lucas García

Ríos Montt

Mejía Víctores

Total

sub-adulto

Frecuencia

58

64

1

123

%  en edad

47.2%

52.0%

.8%

100.0%

%  Gobierno

32.4%

36.2%

5.9%

33.0%

adulto

Frecuencia

121

113

16

250

%  en edad

48.4%

45.2%

6.4%

100.0%

%  Gobierno

67.6%

63.8%

94.1%

67.0%

Total

Frecuencia

179

177

17

373

%  en edad

48.0%

47.5%

4.6%

100.0%

%  Gobierno

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

La forma en la que se dio muerte a las personas no está exenta de patrones recurrentes en un mismo grupo ejecutor y diferenciales entre distintos sectores. Si se excluyen los casos de destacamentos, con particularidades que después analizaremos, se observa una mayor frecuencia de heridas por impacto de proyectil de arma de fuego (HPAF) en las muertes ejecutadas por miembros del ejército y fuerzas de seguridad, mientras que entre los sectores civiles se encuentran más lesiones corto-contundentes (arma blanca, probablemente machete) y contusas (golpes). Esto es coincidente con la información de que a pesar de que se entregó armas a las PAC no disponían de ellas en tanta frecuencia ni calidad en comparación con las fuerzas estatales. Incluso dentro de ellas, se observan diferencias entre el armamento empleado por el ejército (frecuentemente de alta velocidad) y el empleado por grupos judiciales (bajo calibre, coincidente con escopetas; Tabla 17).

Excluyendo una vez más los destacamentos, se observan diferencias en la forma de muerte en función de la edad y el sexo de las víctimas, con una mayor frecuencia de lesiones corto-contundentes masivas (en distintas partes del cuerpo) en hombres adultos que en mujeres y niños. En ellos se observan junto con lesiones por impacto de proyectil de arma de fuego, lesiones contusas masivas, entre las principales formas de muerte (Tablas 18 y 19). Es posible que la discriminación en función del sexo y la edad atienda a la forma selectiva en la que se detuvo y ejecutó públicamente en mayor grado a los hombres, mientras que en las mujeres y los niños (cuyas muertes se producen principalmente en los casos de movimientos militares en política de tierra arrasada), se introducen otras formas de muerte. En varios de los casos analizados, se registra testimonialmente cómo los niños menores son golpeados agarrándolos de los pies y golpeando su cabeza contra las piedras o la pared (ej. Chel, Quiché); en otros se habla de ahorcamiento o estrangulación de mujeres y niños (ej. Laguna Seca, Quiché), o de muertes colectivas dentro de las casas que son quemadas con ellos en su interior (ej. Pujujil, Sololá; Aguacatán, Huehuetenango).

Al analizar el tipo de lesiones por edad y sexo de las víctimas en función del ejecutor, observamos que las mujeres y niños siguen el mismo patrón en tres de los grupos (militares, PAC y militares/PAC), diferenciándose de los hombres adultos en una mayor frecuencia de lesiones por impacto de proyectil y de contusas masivas, mientras que en ellos se observa (junto con los tipos descritos) una mayor frecuencia relativa de lesiones producidas por arma cortante. Es decir, hay una tendencia a la discriminación en el tipo de lesiones en función de la edad y el sexo de las víctimas. No es así en el caso de muertes cometidas por fuerzas de seguridad, en las que las heridas por arma de fuego son la tónica común en los distintos grupos poblacionales.

En cuanto a las torturas realizadas fuera de los destacamentos, se observa una mayor frecuencia relativa en los años 1981 y 1982 y en los periodos presidenciales correspondientes. Como ya explicamos, se tienen en cuenta únicamente las torturas apreciables en restos óseos. Geográficamente, la mayor cantidad de personas con indicios óseos de torturas son las correspondientes al departamento de Quiché. Con respecto a la edad, se encontraron más indicios en adultos que en niños En función del sexo, se observan diferencias en el tipo de lesiones, con una mayor frecuencia de fracturas en proceso de cicatrización en hombres (coincidentes con una mayor práctica de detención), mientras que en mujeres (al igual que en niños) son frecuentes las fracturas masivas por golpes. Testimonialmente se registran además abundantes casos de torturas que son indeterminables en restos óseos, como son los casos de violación en mujeres o de extracciones del feto en mujeres embarazadas, imputadas principalmente a miembros del ejército en movimientos militares.

TABLA 17

hechores

Militares

PAC

Militares y PAC

Fuerzas seguridad

Total

HPAF

Frecuencia

73

2

25

12

112

%  en tipo de lesión

65.2%

1.8%

22.3%

10.7%

100.0%

%  en hechores

52.5%

12.5%

43.9%

92.3%

49.8%

corto-contundente

Frecuencia

4

5

6

15

%  en tipo de lesión

26.7%

33.3%

40.0%

100.0%

%  en hechores

2.9%

31.3%

10.5%

6.7%

contusa

Frecuencia

31

5

8

44

%  en tipo de lesión

70.5%

11.4%

18.2%

100.0%

%  en hechores

22.3%

31.3%

14.0%

19.6%

HPAF y corto-contundente

Frecuencia

2

1

1

4

%  en tipo de lesión

50.0%

25.0%

25.0%

100.0%

%  en hechores

1.4%

1.8%

7.7%

1.8%

HPAF y contusa

Frecuencia

14

8

22

%  en tipo de lesión

63.6%

36.4%

100.0%

%  en hechores

10.1%

14.0%

9.8%

cortante y contusa

Frecuencia

10

4

3

17

%  en tipo de lesión

58.8%

23.5%

17.6%

100.0%

%  en hechores

7.2%

25.0%

5.3%

7.6%

HPAF, cortante y contusa

Frecuencia

1

1

2

%  en tipo de lesión

50.0%

50.0%

100.0%

%  en hechores

.7%

1.8%

.9%

HPAF y ND

Frecuencia

4

1

5

%  en tipo de lesión

80.0%

20.0%

100.0%

%  en hechores

2.9%

1.8%

2.2%

Granada

Frecuencia

3

3

%  en tipo de lesión

100.0%

100.0%

%  en hechores

5.3%

1.3%

Granada y contusa

Frecuencia

1

1

%  en tipo de lesión

100.0%

100.0%

%  en hechores

1.8%

.4%

Total

Frecuencia

139

16

57

13

225

%  en tipo de lesión

61.8%

7.1%

25.3%

5.8%

100.0%

%  en hechores

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

TABLA 18

HPAF

Cortante

contusa

HPAF y cortante

HPAF y contusa

cortante y contusa

HPAF, cortante y contusa

Granada

Granada y contusa

Total

Tipo de lesión

masculino

Frecuencia

28

11

10

1

14

11

1

2

1

79

%  en sexo

35.4%

13.9%

12.7%

1.3%

17.7%

13.9%

1.3%

2.5%

1.3%

100.0%

%  en lesión

70.0%

91.7%

33.3%

100.0%

82.4%

84.6%

100.0%

66.7%

100.0%

66.9%

Femenino

Frecuencia

12

1

20

3

2

1

39

%  en sexo

30.8%

2.6%

51.3%

7.7%

5.1%

2.6%

100.0%

%  en lesión

30.0%

8.3%

66.7%

17.6%

15.4%

33.3%

33.1%

Total

Frecuencia

40

12

30

1

17

13

1

3

1

118

%  en sexo

33.9%

10.2%

25.4%

.8%

14.4%

11.0%

.8%

2.5%

.8%

100.0%

%  en lesión

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

TABLA 19

HPAF

cortante

contusa

HPAF y cortante

HPAF y contusa

cortante y contusa

HPAF, cortante y contusa

Granada

Granada y contusa

Total

Tipo de lesión

sub-adulto

Frecuencia

9

8

7

1

1

26

%  en sexo

34.6%

30.8%

26.9%

3.8%

3.8%

100.0%

%  en lesión

22.0%

25.8%

38.9%

7.7%

100.0%

21.5%

Adulto

Frecuencia

32

12

23

1

11

12

1

3

95

%  en sexo

33.7%

12.6%

24.2%

1.1%

11.6%

12.6%

1.1%

3.2%

100.0%

%  en lesión

78.0%

100.0%

74.2%

100.0%

61.1%

92.3%

100.0%

100.0%

78.5%

Total

Frecuencia

41

12

31

1

18

13

1

3

1

121

%  en sexo

33.9%

9.9%

25.6%

.8%

14.9%

10.7%

.8%

2.5%

.8%

100.0%

%  en lesión

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

En los casos analizados se observa una mayor frecuencia de restos quemados en áreas de población indígena, en las que existen, según los testimonios, acusaciones de vinculación con sectores de la guerrilla. Al analizar cuantitativamente esta variable, la mayor parte de restos óseos con evidencias de exposición al fuego se recuperaron en casos correspondientes a 1981 y 1982 (Tabla 20), y a los departamentos de Quiché, Sololá y Huehuetenango (en orden de frecuencia). El análisis de los restos óseos determinó que entre ellos se encontraban hombres y mujeres adultos, y sub-adultos. En función del grupo ejecutor, la presencia de restos quemados ocurre en casos imputados al ejército, tanto en destacamentos (en el que los casos individuales son aislados), como en movimientos militares, en los que la mayor frecuencia de restos se recuperan mezclados con enseres domésticos, indicando que las víctimas fueron quemadas dentro de las casas (Tabla 21).

Debido a la concordancia de patrones observados en varias de las variables analizadas, se analizaron comparativamente los periodos presidenciales de Lucas García y Ríos Montt, sin tener en cuenta las muertes ocurridas en destacamentos militares. En ambos periodos es evidente, como habíamos señalado, que la mayor parte de las muertes son imputadas a miembros del ejército, con una mayor presencia de acciones conjuntas con PAC o de patrullas civiles en solitario en el segundo de estos periodos. En ambos, la mayor parte de las muertes de mujeres y sub-adultos (niños) ocurren en movimientos militares. Sin embargo se aprecian diferencias cuantitativas y cualitativas en ambos periodos en el tipo de lesiones y formas de muerte en función de la edad y el sexo. En el periodo de Lucas García se encuentra una mayor frecuencia de lesiones cortantes en adultos masculinos que en mujeres y niños (quienes siguen prácticamente el mismo patrón), sin diferencias significativas en cuanto a lesiones por arma de fuego o contusas por sexo. En el periodo de Ríos Montt, las mujeres y los niños presentan una mayor cantidad de lesiones contusas (por golpes), aumentando en las mujeres las lesiones cortantes y disminuyendo las causadas por arma de fuego. Es posible que este patrón esté reflejando parcialmente la mayor implicación (como se describía anteriormente) de sectores civiles entre los victimarios.

TABLA 20

Restos quemados

No

Total

1981

Frecuencia

18

60

78

%  en año de la muerte

23.1%

76.9%

100.0%

%  en restos quemados

34.6%

18.4%

20.6%

1982

Frecuencia

34

249

283

%  en año de la muerte

12.0%

88.0%

100.0%

%  en restos quemados

65.4%

76.4%

74.9%

1983

Frecuencia

8

8

%  en año de la muerte

100.0%

100.0%

%  en restos quemados

2.5%

2.1%

1984

Frecuencia

9

9

%  en año de la muerte

100.0%

100.0%

%  en restos quemados

2.8%

2.4%

Total

Frecuencia

52

326

378

%  en año de la muerte

13.8%

86.2%

100.0%

%  en restos quemados

100.0%

100.0%

100.0%

TABLA 21

Restos quemados

No

Total

Destacamento

Frecuencia

8

133

141

%  en tipo de ejecución

5.7%

94.3%

100.0%

%  en restos quemados

13.3%

29.0%

27.2%

Movimiento militar

Frecuencia

52

202

254

%  en tipo de ejecución

20.5%

79.5%

100.0%

%  en restos quemados

86.7%

44.0%

48.9%

Patrulla

Frecuencia

11

11

%  en tipo de ejecución

100.0%

100.0%

%  en restos quemados

2.4%

2.1%

Ejecución pública

Frecuencia

19

19

%  en tipo de ejecución

100.0%

100.0%

%  en restos quemados

4.1%

3.7%

Detención

Frecuencia

94

94

%  en tipo de ejecución

100.0%

100.0%

%  en restos quemados

20.5%

18.1%

Total

Frecuencia

60

459

519

%  en tipo de ejecución

11.6%

88.4%

100.0%

%  en restos quemados

100.0%

100.0%

100.0%

No es posible profundizar en la caracterización social de las víctimas en ambos periodos, sin embargo, cualitativamente es interesante destacar el hecho observado en el caso realizado en Ical, Colotenango, Huehuetenango, en el que se recuperaron los restos de 28 personas, entre hombres, mujeres y niños. Dicha masacre, ocurrida en 1981, es imputada testimonialmente al ejército. De ellas, 27 personas se encontraron con lesiones causadas por arma de fuego, y una única persona, adulta joven de sexo masculino, presentaba múltiples lesiones cortantes en cráneo además de heridas por proyectil. Entre las pertenencias de esta víctima se encontraron, junto con cierta cantidad de lapiceros, cinco libros (hecho inusual), dos de ellos de lectura; uno de lecto-escritura con temas religiosos; un libro de oraciones, con citas bíblicas (de religión evangélica), en el que se lee “Impreso en los Estados Unidos de Norte América” y un libro de enseñanza del idioma Mam, en cuyo dorso aparece el logotipo de “Alianza para el Progreso”, y se lee textualmente “Esta cartilla en idioma Mam fue publicado en calidad de proyecto cooperativo entre el pueblo guatemalteco y el pueblo estadounidense por medio de Alianza para el Progreso”. Testimonialmente, esta víctima fue la única detenida y llevada a otra aldea para darle muerte. Se considera probable que el patrón diferencial en su forma de muerte esté relacionada con un cierto grado de liderazgo en la comunidad.

Cualitativamente, en varios de los casos analizados, se observa que la forma en la que se dio muerte a las personas forma parte de lo que podríamos llamar un “macabro juego”. En este juego se encuentran “fosas temáticas” en cuanto al tipo de lesión (caso destacamento de Chupol, Chichicastenango, Quiché), en el que las víctimas enterradas en cada una presentan un patrón de muerte distinto: una fosa con víctimas estranguladas con torniquete, una fosa con víctimas con lesiones corto-contundentes e impactos de proyectil de arma de fuego, y otra fosa en el que las 11 víctimas (hombres, mujeres y niños) muestran un nylon sobre la cara, habiendo muerto, aparentemente por asfixia.

En este “juego” encontramos casos como Acul, Nebaj, Quiché, en el que se separa a los hombres en dos grupos: el “cielo” y el “infierno”, se obliga a los ancianos principales a cavar la fosa, y a los jóvenes a saltar sobre los cuerpos de vecinos que habían sido golpeados y tapados con hojas. Finalmente, el grupo de hombres ancianos (el “cielo”) es obligado a traer hasta la fosa al de jóvenes (el “infierno”), donde son ejecutados por arma de fuego. La masacre se imputa a la acción conjunta de ejército y patrulleros de Autodefensa Civil. En 1983, la aldea se convierte en un polo de desarrollo siendo reubicada la población en él.

En otros casos como Chel, Chajul, Quiché, la mayoría de las víctimas, principalmente mujeres y niños, se encuentran en las fosas sin más pertenencias que sus aretes, coincidiendo con el hecho narrado testimonialmente de que las personas son obligadas a desnudarse y a quemar sus ropas y multitud de mujeres son violadas antes de darles muerte. Parte de los niños son arrojados al río. La masacre se imputa al ejército.

En los casos registrados, se observan recurrencias sistemáticas en la imposición a la población de observar cómo se realizan las ejecuciones, la obligación en varios de ellos a la propia población a ejecutar a las víctimas o a enterrar los cuerpos.

Analizando por último los casos de destacamentos militares, se observa que las víctimas son mayoritariamente hombres adultos. En destacamentos ubicados en el departamento de Quiché se recuperaron, sin embargo, una mayor proporción de restos de mujeres y niños, que en los restantes departamentos (Tablas 22 y 23). También en los destacamentos analizados, se encuentran diferencias en el patrón de lesiones y en las causas de muerte de las personas cuyos restos se recuperaron. En el departamento de Quiché se encontró una mayor cantidad de evidencias óseas de torturas, tanto cortantes recurrentes (en un número de lesiones que varía desde 1 a 25), como contusas masivas con o sin presencia de callo óseo primario. También en este departamento se observa una mayor variabilidad en el tipo y ubicación anatómica de lesiones, así como en causas de muerte, respecto a las otras áreas geográficas, encontrándose lesiones por impacto de proyectil, cortantes, contusas (y sus combinaciones) y lesiones punzantes (junto con evidencias contextuales de torniquetes en cuello y nylon en el rostro), mientras que en el destacamento de Petén predominan las lesiones contusas y en el de Suchitepéquez las lesiones por impacto de proyectil de arma de fuego. En la mayoría de los casos no se encontraron lesiones típicamente defensivas en los restos analizados, por lo que se infiere que debían las víctimas debieron estar inmovilizados en el momento en el que le fueron realizados los traumas.

TABLA 22

edad

sub-adulto

adulto

Total

Quiché

Frecuencia

17

65

82

%  en departamento

20.7%

79.3%

100.0%

%  en edad

94.4%

52.4%

57.7%

Petén

Frecuencia

1

41

42

%  en departamento

2.4%

97.6%

100.0%

%  en edad

5.6%

33.1%

29.6%

Suchitepéquez

Frecuencia

18

18

%  en departamento

100.0%

100.0%

%  en edad

14.5%

12.7%

Total

Frecuencia

18

124

142

%  en departamento

12.7%

87.3%

100.0%

%  en edad

100.0%

100.0%

100.0%

TABLA 23

sexo

masculino

femenino

Total

Quiché

Frecuencia

73

8

81

%  en departamento

90.1%

9.9%

100.0%

%  en sexo

56.2%

80.0%

57.9%

Petén

Frecuencia

40

1

41

%  en departamento

97.6%

2.4%

100.0%

%  en sexo

30.8%

10.0%

29.3%

Suchitepéquez

Frecuencia

17

1

18

%  en departamento

94.4%

5.6%

100.0%

%  en sexo

13.1%

10.0%

12.9%

Total

Frecuencia

130

10

140

%  en departamento

92.9%

7.1%

100.0%

%  en sexo

100.0%

100.0%

100.0%

CONCLUSIONES

En este análisis cuantitativo de la información derivada de la exhumación de los restos de víctimas del periodo del conflicto armado, existen concordancias con los análisis históricos que ilustran parte de la estrategia seguida en un cierto periodo de tiempo (1981-1984). Son numerosos los hechos en los que, a nivel tanto cualitativo como cuantitativo, se observa que la forma de muerte no es un hecho aislado, si no que forma parte de un patrón.

Ciertamente, la cantidad de víctimas registradas en el periodo de 1981 a 1982, la variabilidad en edad y sexo, la mayor frecuencia de restos óseos quemados, principalmente dentro de casas, apoya el hecho de que dichos restos son producto de la política de tierra arrasada puesta en práctica principalmente en los periodos de Lucas García y Ríos Montt. El punto máximo de la curva de muertes en esos dos años coincide con múltiples investigaciones realizadas, entre ellas, los informes de la CEH, REMHI y AAAS-CIIDH.

El hecho de que se produzca un descenso en el número de restos recuperados a partir de 1983, de que la tipología cambie hacia una mayor selección de las víctimas en el periodo de Mejía Víctores, de que haya una evolución en los sectores implicados, desde una mayor actuación del ejército en solitario en el periodo de Lucas García, a una mayor implicación de sectores civiles en el de Ríos Montt y Mejía Víctores en acciones en solitario o conjuntamente con el ejército, apoya lo ya explicado múltiples veces en documentos históricos.

La selección de las víctimas, y la forma en que se les da muerte, las diferencias espaciales y temporales en el patrón, y las “temáticas” encontradas en varias de las fosas apoyan la conclusión de que la forma de muerte no es casual, sino más producto de la estrategia que del azar.

Las “operaciones psicológicas” tan nombradas en documentos militares, y casualmente sistematizadas en un documento publicado por el ejército de EEUU, van más allá del mero interrogatorio, apuntan hacia la ejecución de un plan estratégico finamente diseñado y muy lejano a lo que ingenuamente podemos seguir considerando como producto del azar o del combate.

REFERENCIAS

Carmack, R.M. (ed)

1991        Guatemala: cosecha de violencias. Editorial FLACSO. Costa Rica.

Centro de Estudios de Guatemala (CEDSALA)

1995        Guatemala, entre el dolor y la esperanza. Universitat de València.

Chomsky, N.

1994        Las intenciones del tío Sam. Editorial Txalaparta. España.

Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH)

1999        Guatemala, memoria del silencio. UNOPS. Guatemala.

Cultural Survival

1988        Contra insurgencia y polos de desarrollo en la región Ixil de Guatemala. Guatemala.

Johnson, H.K.

s.f.        Operaciones psicológicas. Técnicas y procedimientos. Publicado por Headquarters. Department of the Army. Washington, D.C.. Editado en español por Editorial Rioplatense. Argentina.

Iglesia Guatemalteca en el Exilio (IGE)

1989        Guatemala: seguridad, democracia y desarrollo. Informe abierto sobre Guatemala. Editorial IGE. Guatemala.

Kobrak, P., P. Ball y H. Spirer

1999        Violencia institucional en Guatemala, 1960 a 1996: una reflexión cuantitativa. AAAS / CIIIDH. EEUU.

LeBot, Y.

1992        La guerra en tierras Mayas. Comunidad, violencia y modernidad en Guatemala (1970-1992). Editorial Fondo de Cultura Económica. México.

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG).

1998        Guatemala nunca más. Informe Proyecto Diocesano de Recuperación de la Memoria Histórica. Guatemala.

Solomon, J.

1994        Violencia institucional: las Patrullas de Autodefensa Civil en Guatemala. 1993-1994. Centro para los Derechos Humanos de la Organización Conmemorativa “Robert F. Kennedy”. EEUU.

Torres Rivas, E. y G. Aguilera

1998        Desde el autoritarismo a la paz. Editorial FLACSO. Guatemala.

 

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