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62 Entre botas y lazos: Investigaciones en antiguos destacamentos militares en Guatemala – José Samuel Suasnávar, Leonel Paiz, Renaldo Acevedo y Ronaldo Sánchez – Simposio 15, Año 2001

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Suasnávar, José S., Renaldo Acevedo, Ronaldo Sánchez y Leonel Paiz

2002         Entre botas y lazos: Investigaciones en antiguos destacamentos militares en Guatemala. En XV Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2001 (editado por J.P. Laporte, H. Escobedo y B. Arroyo), pp.730-744. Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala.

62

ENTRE BOTAS Y LAZOS:

INVESTIGACIONES EN ANTIGUOS

DESTACAMENTOS MILITARES EN GUATEMALA

José S. Suasnávar

Renaldo Acevedo

Ronaldo Sánchez

Leonel Paiz

“…mi primo vio a mi esposo en el destacamento, estaba amarrado y muy golpeado. El compadre de mi marido me llegó a decir ‘ya no lo busque’, a él mismo le había tocado matarlo. Los soldados del destacamento llevaron a dos hombres y nos llamaron a los patrulleros. A él le dijeron que matara a uno de los prisioneros, resultó que era su compadre. Me dijo: ‘me mandaron a matar con cuchillo, tu esposo me habló todavía, hermano (…) deme uno solo, yo ya sufrí bastante’. Y yo le eché uno de una vez, y no allí me agarraron los soldados, ya mero me matan de una vez, me dieron patadas y culatazos (…) tu mero padre, por eso lo mataste de una vez, me dijeron” (Testimonio Tuna ja, Zacualpa, febrero de 2001)

La Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) ha conducido investigaciones en ocho antiguos destacamentos militares en diferentes partes del país. El objetivo de tales actividades fue determinar la existencia de cementerios clandestinos, ya que las denuncias de familiares de desaparecidos señalan estos centros como el último lugar en el que vieron con vida a sus parientes, hechos que ocurrieron principalmente entre 1980 y 1984. En este trabajo se presentan los resultados de dichas investigaciones. Para ello intentaremos esbozar la situación que se vivía en Guatemala en esos años, los movimientos sociales, la propuesta insurgente, así como las acciones de la respuesta contra insurgente que se llevó a cabo con base en un plan operativo efectuado por la cúpula militar, y como se ejecutaba desde esos destacamentos. Sin tratar de discutir a profundidad los orígenes de las formaciones guerrilleras, trataremos de indicar de manera breve como éstas se desarrollaron en el periodo que nos interesa.

Desde 1954, la historia política guatemalteca se caracteriza por la combinación de inestabilidad social y represión. En la última parte de la década de los setenta se desarrolló un importante movimiento social, de carácter contestatario, que reclamaba mejores condiciones de vida para los trabajadores del campo y la ciudad, así como por la implantación de una propuesta insurgente en varias regiones del país, entre diferentes sectores de la sociedad guatemalteca.

Los golpes de estado de entonces forman parte de la necesidad de re-adecuación institucional en la lucha contra insurgente. El ejército justifica los golpes de estado afirmando que debido a la amenaza comunista que podía hacer caer el país, los militares se veían obligados a asumir el control del gobierno con la tarea de rescatar la dignidad nacional y la fe del pueblo en sus instituciones (según un discurso del coronel Terraza Pinot en 1987).

LAS AGRUPACIONES INSURGENTES (Figura 1)

Figura 1  Operativos militares 1982-1983

En cuanto al movimiento insurgente, la Nueva Organización Revolucionaria de Combate (NORC) penetró desde México al departamento de Quiché, comenzando su trabajo en la selva de Ixcan, para posteriormente extender su influencia hacia la zona montañosa del mismo departamento e iniciar su expansión a Huehuetenango y el Altiplano Central. El NORC posteriormente se convirtió en el ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), grupo insurgente que realizó un relevante trabajo organizativo en la capital y posteriormente en la Costa Sur del país. El EGP estuvo detrás de lo que llegó a ser la organización campesina más grande del país, el Comité de Unidad Campesina (CUC). Con su acción, el EGP desencadenó el alzamiento campesino indígena más importante de la historia contemporánea de Guatemala.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) se asentaron a fines de los setenta en Petén, convirtiéndose, además, en una organización con influencia notable en el movimiento de masas en la ciudad de Guatemala. A principios de los ochenta, las FAR ampliaron su trabajo organizativo de carácter insurgente con la apertura del frente guerrillero “Tecun Uman” en Chimaltenango, con lo cual sus operaciones guerrilleras coincidieron o colindaron con las de los frentes “Augusto César Sandino” del EGP y “Javier Tambriz” de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA).

La ORPA surgió del frente llamado “Regional del Occidente” de las FAR. Empezó a expandirse hacia el Altiplano Central (Sololá) y hacia el sur occidente (San Marcos), y con el tiempo constituyó el frente Javier Tambriz que se movilizó y efectuó acciones insurgentes a lo largo de la parte central de la Sierra Madre, llegando a operar en Quetzaltenango, Sololá, Chimaltenango, Sacatepéquez y en la Costa Sur.

En el caso del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), su influencia se concentró en la ciudad de Guatemala, en ciertas regiones de la Costa Sur, y en los departamentos de Chimaltenango, Quetzaltenango y Alta Verapaz. En 1982, en un intento de superar su rezago en materia militar, el PGT implantó un precario frente guerrillero, el “Manuel Andrade Roca”, en la zona limítrofe entre Alta Verapaz e Izabal. El ejército detectó la presencia de este frente aún antes de que empezara a operar e inició una campaña de terror a través de masacres, ejecuciones extrajudiciales individuales y desapariciones forzadas, acciones represivas que finalmente aniquilaron las posibilidades de desarrollo guerrillero en la zona.

LA ESTRATEGIA CONTRA INSURGENTE

Durante el gobierno del general Romeo Lucas García (1978-82), la estrategia contra insurgente se concentró en eliminar el movimiento social tanto urbano como rural, el cual había crecido sensiblemente durante los años previos, así como en combatir a la guerrilla. Posteriormente, el régimen de facto del general Efraín Ríos Montt (1982-83) le dio continuidad a la estrategia de tierra arrasada, destruyendo cientos de aldeas, principalmente en el Altiplano, provocando el desplazamiento masivo de la población civil que habitaba en las áreas de conflicto.

En abril de 1982, el entonces Estado Mayor Especial del Ejército, presentó a los ministros de estado el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo. Este plan se promulgó como una estrategia de largo plazo en la cual se planteaba la necesidad de reestructurar el estado en función de la lucha contra insurgente, integrando con un mismo fin a diferentes sectores políticos, económicos y populares, en lo que se conoció como “Nuevos Elementos Doctrinarios de la Estrategia Antiterrorista”. Su planificación se presentó en cinco fases:

1.        “Victoria 82″, u operación ceniza “Campaña de Pacificación”, de tierra arrasada dirigida por los coroneles Lobos, Cáceres y Gramajo

2.        “Firmeza 83″

3         “Reencuentro Institucional 84″

4.        “Estabilidad Nacional 85″

5.        “Avance 86″

La estrategia contra insurgente diseñada tenía como fin el control y protección de la comunidad en contra de la amenaza guerrillera y el desarrollo social, ya que se consideró que la injusticia y la desigualdad eran las causas del apoyo de parte de la población a los rebeldes. La primera parte del plan fue la acción punitiva contra las aldeas campesino-indígenas, lo que derivó en masacres sucesivas. Esta acción fue seguida por la dislocación y reagrupamiento táctico de los sobrevivientes y, por último, la aplicación del esquema de desarrollo propuesto.

En 1982, el ejército reorganizó su estructura a fin de mantener el control que había ganado en el Altiplano, por medio de la aplicación de violencia indiscriminada a principios de 1980. De esta manera y de acuerdo a las fronteras departamentales, el país fue redividido en 22 zonas militares, aumentándose las 9 que existían antes, colocándose una base militar grande en cada departamento. Pese a que este movimiento amplió la presencia castrense de manera permanente en el medio rural, el ejército no tenía suficientes recursos o personal para penetrar en gran parte del interior del país, especialmente en remotas áreas montañosas. Crucial para esta tarea fue la creación de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y la organización de los denominados polos de desarrollo en el Altiplano, pues servían para consolidar el control del ejército sobre la población, buscando contrarrestar la influencia de la insurgencia y reducir las causas que generaban malestar entre la población.

A finales de 1982 ya habían 300,000 patrulleros, un año más tarde 500,000 y a finales de 1984 1,300,000 patrulleros, número que llegó a representar más del 10 % de la población total del país. Los comisionados militares tenían a su cargo la organización de las patrullas, cuyos elementos eran a su vez adiestrados en los destacamentos militares.

LOS DESTACAMENTOS (Figuras 2 a 8)

Previo a la organización de los destacamentos, el ejército había partido de sus bases para efectuar ofensivas en las cuales se dio muerte a varias personas. Muchos de esos hechos fueron públicos, aunque amparados bajo la excusa de la búsqueda de los subversivos, lo cual provocó un clima de miedo y angustia. Básicamente, el destacamento funcionaba como una avanzada del ejército con la finalidad de mantener a la población bajo control y, por supuesto, reducir las áreas de influencia de los grupos insurgentes.

Los ocho destacamentos en donde la FAFG ha realizado investigaciones son: El Chal en Dolores, departamento de Petén; Belén en Santo Domingo, departamento de Suchitepéquez; San Andrés Sajcabaja, Chupol en Chichicastenango, Zacualpa y Cotzal en el departamento de Quiché; así como en San José Poaquil y Choatalum en San Martín Jilotepeque, en el departamento de Chimaltenango.

Figura 2  Planta de las investigaciones en Belén, Santo Domingo, Suchitepéquez

        De todos los destacamentos investigados, tres de ellos cuentan con ocupaciones militares en iglesias y casas parroquiales (San Andrés Sajcabaja, Chupol y Zacualpa). La tropa militar tomó las iglesias de la misma manera que los conquistadores españoles ocuparon los templos prehispánicos, lo que a la larga tuvo un trasfondo ideológico. Los otros destacamentos se situaron en las inmediaciones de las poblaciones. En el Altiplano, los destacamentos fueron colocados sobre cerros, una posición defensiva más propicia, pues desde allí se puede tener control y dominio sobre las tierras menos elevadas. En todos los casos, los militares simplemente ocuparon los terrenos en donde se asentaron, aunque la propiedad de éstos fuese privada, lo que impidió el uso del terreno al mismo propietario. Además, la presencia de los militares infundió terror a los vecinos más cercanos al destacamento.

Figura 3  Planta de las investigaciones en San Andrés Sajcabaja, Quiché

Figura 4  Planta de las investigaciones en El Chal, Petén

Figura 5  Planta de las investigaciones en Chupol, Chichicastenango, Quiché

EL CHAL, DOLORES, PETÉN

El Chal se ubica a unos 60 km al sur de la cabecera departamental de Petén, en un paso geográfico natural justo en la ruta que comunica a este departamento con el resto del país. En la parte sur del poblado existió hasta 1979 una garita de la Policía Militar Ambulante (PMA), la cual fue quemada por la guerrilla. Desde entonces se instaló el destacamento militar en ese lugar y su puesto de mando era turnado con el destacamento del río San Juan, a escasos 10 km al sur. La presencia de ambos destacamentos refiere la existencia de más de un comando de efectivos para cada lugar. Según los pobladores no hubo enfrentamientos directos en El Chal, pero sí en San Juan.

Si bien el área de acción del destacamento fue principalmente el control de la carretera, también fueron frecuentes las incursiones que sus elementos realizaron en la montaña. Se han investigado los hechos ocurridos en las cooperativas Las Flores y La Amistad, en los que los militares dieron muerte a 2 y 4 personas respectivamente. A pesar de estas muertes, se ha pensado que sus elementos procedían más a la captura de sospechosos con listados previamente efectuados, así como a la identificación que en algún momento hacia alguien con el rostro cubierto.

El Chal es hasta la fecha el destacamento en donde se ha rescatado mayor número de osamentas, alcanzando un mínimo de 47 personas, ejecutadas en no menos de 26 hechos diferentes. El destacamento cambió de sede en 1985, aunque siempre dentro de El Chal, a un lugar en donde funciona hasta la fecha.

Figura 6  Planta de las investigaciones en San Juan Cotzal, Quiché

BELÉN, SANTO DOMINGO, SUCHITEPÉQUEZ

Aunque esta región posee importantes zonas de cultivo para la agro-exportación, la población residente no cubre los requerimientos de las empresas agro-exportadoras. Por esto se hace necesario mantener bajo un estricto control a una considerable población flotante proveniente del Altiplano, pero conservando algunos espacios de negociación con el fin de mantener el funcionamiento mínimo de la producción.

Esta situación, en la que la producción agro-exportadora tiene importancia de primer orden, impide realizar ofensivas militares abiertas y extendidas en la Costa Sur, así como en otras regiones con características similares. En este caso tuvo más peso el costo económico de sus efectos, que los costos políticos y sociales, aunque esto no fue un impedimento para que también se cometieran numerosos crímenes.

Habrá que recordar que en febrero y marzo de 1980, el CUC organizó una huelga que paralizó actividades en 14 ingenios azucareros y en 70 fincas. En respuesta a este hecho, los finqueros de la región se reunieron en la finca Morelia en 1981, provocando que tres días después se instalara un destacamento militar en un espacio de la misma finca.

Figura 7  Planta de las investigaciones en San José Poaquil, Chimaltenango

Figura 8  Resultados de las exhumaciones practicadas en destacamentos militares

La persecución fue dirigida a todas aquellas personas que tenían reuniones o que eran líderes religiosos o miembros de una organización comunitaria. Se operaba en conjunto con los comisionados militares y se contaba con listas de personas que eran buscadas entre los pasajeros de camionetas e, inclusive, ingresando a cada casa de la comunidad.

En las excavaciones se recuperaron 18 osamentas, una de las cuales fue de sexo femenino. El destacamento fue desmantelado en 1983 por las presiones de los pobladores, así como por el hecho de que los soldados estaban acabando con el ganado de la finca.

SAN ANDRÉS SAJCABAJA, QUICHÉ

La cabecera de este municipio se encuentra ubicada en un pequeño valle en la Sierra de Chuacús. Los militares le dieron un valor estratégico particular, ya que el municipio comunica al Altiplano Central con el norte del departamento de Quiché, en donde los enfrentamientos con la guerrilla se caracterizaron por su intensidad. Además, se trataba de una zona de paso para los correos insurgentes. En 1981, los militares ocuparon la iglesia y la casa parroquial para instalar el destacamento. Las acciones de comisionados militares y patrulleros de autodefensa civil tuvieron mayor relevancia en este sector, puesto que ellos fueron los principales responsables de la desaparición de los vecinos del lugar. En el 5 de marzo de 1982, en la comunidad de Mixcolaja, guerrilleros pertenecientes al EGP dieron muerte a un grupo de ocho ladinos. Cinco días más tarde, el ejército ejecutó a por lo menos 28 indígenas en Chinanton, una comunidad muy cercana a la anterior.

Dentro del destacamento se recuperaron los restos de 26 personas en nueve fosas, lo que corresponde al relato oral de los eventos. El lugar fue desalojado en 1984.

ZACUALPA

Al igual que en San Andrés Sajcabaja, la zona era considerada como un corredor natural por donde podían transitar los grupos insurgentes. Las incursiones que realizó el ejército en las comunidades de Zacualpa fueron numerosas. La FAFG ha trabajado en 14 comunidades de este municipio, de las cuales se han rescatado más de 150 osamentas. Estas masacres casi siempre se llevaron a cabo en conjunto con los patrulleros de autodefensa civil.

Al interior del destacamento llegaban todas aquellas personas sindicadas de informar, participar o colaborar con los insurgentes. En el interior del destacamento se recuperó un total de 40 osamentas, 36 de ellas fueron rescatadas en un pozo de agua, y se identificaron tres eventos diferentes. Es decir, que tras darle muerte a un grupo y tirar sus restos en el pozo, éste era rellenado solamente de manera parcial para acomodar el lugar para otro evento similar.

CHUPOL

Chupol se ubica a la altura del km 110 de la Ruta Interamericana. En las excavaciones realizadas en los límites del mismo, solamente se encontraron algunos cuerpos de bicicletas y el de una moto. Antes de la implementación del destacamento, esta región fue una de las que estuvo sujeta a mayor “concientización” insurgente, especialmente por parte del EGP. Ante la llegada de los militares, los pobladores temporales y permanentes optaron por huir a las montañas. A escasos 100 m al sur de la iglesia se encontraron tres pozos cavados como trampas para que cayeran los soldados. Cuando estas trampas fueron descubiertas por el ejército, se inició una persecución más directa contra los pobladores. En el lugar en donde se localizaron los pozos siempre ha existido un puesto de registro de lo que actualmente es la PNC, pero en algún momento fue del ejército. Desde allí, elementos castrenses bajaban de las camionetas a todas las personas para verificar si estaban involucradas con la guerrilla, según listados y por la identificación que algún encapuchado realizaba. Se ha considerado que los pozos fueron aprovechados por los miembros del ejército para enterrar a algunas de las personas atrapadas.

En total se localizaron 17 osamentas dentro de los pozos mencionados, varias de ellas tenían características muy citadinas. Se ha denunciado que incursiones provenientes de este destacamento provocaron las masacres de Chucalibal, Chuguexa IIA, Chuguexa lIB, Pujujii y Los Churuneles, que se han investigado en el último año y que suman más de 120 personas. En 1984, el destacamento cambia de lugar dentro del mismo Chupol, en donde pese a las solicitudes de desalojo aún permanece hasta la fecha.

SAN JUAN COTZAL

Este es el único destacamento que la FAFG ha trabajado en el área Ixil. Aquí se reportó un ataque insurgente en contra del destacamento, lo que provocó que al día siguiente se dieran las masacres de Jauventau, Chachil, Mutzil, Asich, Ojo de Agua y San Felipe. Estas masacres ocurrieron cuando los hombres fueron citados al destacamento para luego ser ejecutados por soldados provenientes de Cunen. Pese a intensas excavaciones, únicamente se recuperaron restos de dos osamentas, con la particularidad de que ambas fueron femeninas. Un sobreviviente de la estancia en el destacamento y fundador de las CPR, relató que él fue capturado en Cotzal y que luego de nueve días fue trasladado a Santa Cruz, donde permaneció por espacio de dos meses. Al ser trasladado posteriormente a algún lugar de la Costa del Pacífico, cerca de Patulul, los soldados lo dieron por muerto y lo arrojaron a un barranco. Este tipo de movimientos indica que las osamentas recuperadas no siempre corresponden a los habitantes de la comunidad y que posiblemente otras personas también fueron trasladadas a otros lugares, por lo cual no se encuentran sus restos en donde se les capturó.

CHOATALUM, SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO

La presencia militar en la zona fue muy constante desde 1980. Los efectivos militares venían desde Chimaltenango, así como de San Martín Jilotepeque, en búsqueda de colaboradores o miembros de los frentes guerrilleros que operaban en la zona, realizando decenas de capturas y varias masacres. La FAFG ha investigado nueve casos en los alrededores de esta zona, en donde se han rescatado más de 70 osamentas.

El destacamento fue instalado hasta 1982, retirándose del lugar en 1992. Cuando el ejército se instaló definitivamente en la aldea, llevó a cabo incursiones en la montaña, antes de la amnistía, para encontrar y capturar a las personas que no se habían entregado.

Las personas que estuvieron detenidas dentro del destacamento y que posteriormente lograron salir, relatan que todos los días partía una columna de soldados para la montaña y que cuando regresaban traían entre 10 y 15 campesinos capturados, los cuales eran torturados y posteriormente asesinados. Las capturas no se hacían exclusivamente en la montaña, sino también en la carretera. Después de la amnistía, los militares también capturaban selectivamente a personas que se habían entregado y que vivían en la colonia recién formada.

En el trabajo de campo hecho en el lugar se encontraron dos fosas, una con restos óseos quemados y otra con 23 osamentas dentro de un pozo. Este último caso, que corresponde a un solo hecho, varía de los anteriores en los que se presentan diferentes eventos.

Una investigación documental efectuada recientemente ha comprobado que las personas enterradas en este pozo procedían de la aldea El Rosario, bastante distante de Choatalum, pese a los familiares de las víctimas siempre tuvieron la idea de que sus parientes habían sido llevados al destacamento de San José Poaquil.

SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO

En San José Poaquil, el destacamento fue instalado en 1981 y retirado 1997, después de la firma de los Acuerdos de Paz. Sin embargo, la violencia fue más fuerte entre 1981 y 1984. Desde este lugar los militares realizaron incursiones en las comunidades aledañas, capturando y llevando a algunos hombres al destacamento. También dieron muerte a varios de ellos en sus mismas comunidades. Al momento sólo se han investigado los casos de Paxcabalche y Paley, aunque han sido denunciados dos casos más.

En diferentes fechas, los militares enviaron citaciones a varias personas de diversas comunidades para que se presentaran a la municipalidad de Poaquil. Al llegar a este lugar, el alcalde en funciones, un colaborador estrecho del ejército según testimonios, les informaba que la cita era en el destacamento. Luego de llegar a ese lugar no se volvía a tener noticia de las personas citadas. Lo mismo ocurría con quienes eran capturados en los días de plaza, aparentemente sin razón alguna.

Durante las excavaciones en el lugar se rescataron los restos de un mínimo de 26 personas en nueve fosas, cinco de las cuales habían sido saqueadas. La mayor de ellas corresponde a un evento en el que fueron enterradas 21 personas. Algunas de las osamentas presentaron evidencias de mordaza en la boca y vendas en los ojos.

En la mayoría de los casos, los detenidos fueron acusados de ser guerrilleros o colaboradores de ellos, por lo que se consideraba que tenían información sobre los movimientos de los insurgentes. Algunos de los capturados sabían que existía la posibilidad de que no regresar, por lo que se despedían de sus esposas y demás familiares, quienes ahora están un poco más tranquilos, al contrario del caso de los parientes que no pudieron despedirse de sus deudos.

Los secuestrados fueron sometidos a crueles torturas en los destacamentos, lo que se sabe por los testimonios de los sobrevivientes y por la evidencia encontrada en los llamados “pozos de castigo”. En Zacualpa, los curas aún conservan intacto un lugar denominado El Rastro, en donde están los grilletes en las columnas del techo y las paredes manchadas de sangre. En los casos de El Chal y San Andrés Sajcabaja, se ha determinado que las personas secuestradas fueron golpeadas fracturándoseles el esternón o las costillas y que permanecieron algún tiempo bajo poder de los secuestradores, ya que las fracturas comenzaban a sanar y el tejido óseo iniciaba su proceso de regeneración o soldadura. Sin embargo, estos procesos se detuvieron al ser asesinado el individuo durante su cautiverio.

LAS FOSAS (Figuras 9 y 10)

Se encontró un total de sesenta fosas. En los casos de Belén, El Chal y San Andrés Sajcabaja, las fosas fueron cavadas siguiendo un eje, contando con lugares específicos para el enterramiento en los márgenes del destacamento. Algunas fosas fueron individuales y otras colectivas. También hay fosas que solamente contienen partes de las osamentas, lo cual puede deberse a que los implicados trataron de eliminar evidencias que en el futuro pudiese sindicarlos de asesinato.

Algunas fosas eran lo suficientemente grandes para que los muertos cupieran en toda su extensión, pero otras no, por lo que los restos aparecen con las piernas elevadas, o flexionados al igual que el cuello. Las osamentas nunca fueron depositadas sino tiradas desde la superficie, esto se demuestra por sus posiciones caprichosas y desordenadas.

En total la FAAG recuperó 200 osamentas dentro de los ocho destacamentos, diez de ellas eran femeninas y las restantes masculinas. En ocho casos no pudo determinarse el sexo, debido a que sólo se encontraron restos fragmentados. Es de mencionar que la gran mayoría de las personas fallecidas se encontraban en un rango de 15 a 41 años de edad. Sin embargo, en términos generales podemos decir que 154 personas eran adultas, 14 adolescentes y 3 niños. En tres casos no pudo establecerse la edad. Este resultado ilustra de manera evidente hacia donde se dirigían las acciones violentas para contener el apoyo hacia la guerrilla, pero también demuestra el descontrol o exceso en que se incurrió durante este proceso, ya que incluso se llegó al extremo de asesinar niños.

Figura 9  Destacamentos militares en Guatemala

Figura 10  Destacamentos militares en Guatemala

Dentro de las causas de muerte que se han podido establecer gracias al análisis de los restos óseos, se han encontrado heridas contundentes en 92 osamentas. La mayoría de los golpes ocurren en el cráneo, tórax o politraumatismo que sin atención médica pudo provocar la muerte. Heridas cortantes aparecen en 12 individuos y en su mayoría fueron provocadas por machetazos en el cráneo, o bien en las extremidades superiores, lo que sugiere una intención de defensa. No obstante, también son visibles en otros lugares, tales como el cuello cuando fueron degollados o bien en el tórax si fueron apuñalados. Estas causas de muerte son las mayoritarias en los destacamentos, tal vez por ser un procedimiento silencioso. En cuanto a las muertes causadas por proyectiles de armas de fuego, éstas ocurren en 34 personas, siendo cráneo y tórax las áreas afectadas. Solamente en Belén se detectó evidencia de que los cautivos fueron ejecutados por disparos en el interior de la fosa. La lógica sugiere que las personas que murieron de esta forma fueron colocadas en la orilla de la misma, antes de ser ejecutadas para luego caer dentro de la fosa.

CONCLUSIONES

Los lugares investigados ahora corresponden a pueblos semi-abandonados como resultado de migraciones principalmente a la Costa o las cabeceras departamentales, en donde los pobladores se sentían más seguros.

La reseña hecha al principio de cómo operaban los grupos insurgentes explica por si misma las motivaciones para la implementación de destacamentos en los lugares mencionados en este trabajo, aunque esto no significa que cada una de las personas capturadas haya sido militante o combatiente de la guerrilla. Si bien los rasgos de las capturas tuvieron un carácter selectivo, las necesidades urgentes de obtener información de utilidad para la lucha contra insurgente dieron como resultado la eliminación de adversarios y la propagación de terror en la población. Esto motivó que con frecuencia personas e incluso comunidades enteras sufrieran la acción represiva del ejército, pese a no estar vinculadas directa o indirectamente con la causa insurgente. Cabe agregar una razón más, que el ejército ejerció el terror contra la población civil porque suponía que ésta era la base social de la insurgencia. De esta forma, el ejército intentó aislar a la guerrilla de sus fuentes de aprovisionamiento y reclutamiento.

El dolor sigue aún presente en algunos sobrevivientes pese a que han transcurrido veinte años desde que ocurrieron estos hechos. Sin embargo, a continuación se incluirá el testimonio de un prisionero de un destacamento militar, actualmente amenazado, cuyo mensaje está cargado de esperanza para lograr romper los lazos que sujetan el miedo, la angustia y el silencio:

“Cuando sucedió la violencia yo era joven, tenia mis hijos pequeños. Cuando estuve en el destacamento me hicieron de todo, me patearon, me ahogaban entre toneles, pasé varias noches en un pozo junto con otras personas, toda la noche pasábamos parados no había espacio para estar de otra forma y nos tiraban agua. En ese entonces yo tenía miedo, pero a veces deseaba morirme (..), ahora que estoy grande, mis hijos también, ya no tengo miedo, ahora que ustedes están aquí quisiera que estuvieran los que hicieron eso, y yo gritarles en la cara lo que entonces no grité, no importa que me maten, ahora no tengo miedo, porque nos hicieron mucho daño, mataron muchos inocentes “.

Este y otros relatos de supervivientes envían un mensaje a todos: el deseo de las comunidades de que se divulgue lo que les sucedió para que con ello se rinda tributo a los desaparecidos, a esas victimas anónimas que ingresaron prisioneras a un destacamento y cuyos cuerpos jamás aparecieron, a los que sobrevivieron y luchan contra la indiferencia de que son objetos por parte de los entes urbanos y de sus propios vecinos.

 

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