Asociación Tikal

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Valencia, Miguel S.

1994  Anotaciones sobre depredación arqueológica en Guatemala. En I Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 1987 (editado por J.P. Laporte, H. Escobedo y S. Villagrán), pp.135-140. Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala. 

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ANOTACIONES SOBRE DEPREDACIÓN ARQUEOLÓGICA

EN GUATEMALA

Miguel S. Valencia

Nota de la edición:       La versión original de este trabajo fue publicada en Memorias del Primer Coloquio de Mayistas, pp.393-402. Centro de Estudios Mayas, UNAM, México (1987).

La depredación arqueológica constituye uno de los factores más agudos y dramáticos de destrucción y alteración del patrimonio cultural, fundamentalmente centrado en las Tierras Bajas Mayas y ello obliga a realizar esfuerzos de gran magnitud, tanto para comba­tir esta actividad, como para intentar en alguna medida la reconstrucción de la informa­ción desaparecida y atenuar los daños que las excavaciones clandestinas causan en estruc­turas de muy diversos tipos y dimensiones.

Si bien este problema es más notorio en las Tierras Bajas Mayas, en especial en los sitios de Petén y del norte de Alta Verapaz, áreas donde casi no hay informes de sitios que no estén saqueadas, no son las únicas zonas depredadas en Guatemala, pues casi todo el territorio nacional presenta sus huellas (como tampoco es una situación ajena, por lo menos, a todas las altas culturas americanas).

El Instituto de Antropología e Historia la máxima entidad oficial encargada de combatir y prevenir, en la medida de lo posible, este dañino oficio, en cola­boración con otras dependencias públicas y privadas. Sin embargo, la problemática es en extremo compleja, para que una sola institución pueda hacerse cargo eficazmente de estas tareas básicas, sobre todo con la limitación de recursos, característica de las actividades de protección, investigación, rescate y promoción del patrimonio cultural, común a toda Latinoamérica.

Uno de los factores más importantes de la complejidad mencionada, es el referente al tráfico internacional de bienes arqueológicos, aspecto que requiere una profunda solida­ridad y cooperación entre los países más afectados por esta práctica, que tiende a robar el legado histórico de los pueblos y por tanto verdadero crimen de esa cultura. Al respecto, deben ser los profesionales del patrimonio cultural, en su conjunto, quienes impulsen los mecanismos necesarios para establecer, en forma coherente, esa solidaridad y cooperación de la que se habla.

En el curso de esta exposición se señalan algunos de los aspectos más relevantes de la depredación arqueológica en Guatemala, con un especial énfasis en las características mismas del saqueo, los daños que produce y las formas de atacar el fenómeno y sobre esta actividad como práctica comercial. También se referirá a los mecanismos legales e institucionales existentes para prevenirla y combatirla, además de los propiamente técni­cos para afrontar los daños causados y evitar mayores.

Infortunadamente hay pocas fuentes de referencia para el estudio de esta realidad de la arqueología guatemalteca, si se exceptúan gran número de informes de campo reunidos en archivos de no siempre fácil acceso. Pero este cúmulo enorme de documentación inédita puede dar una idea bastante completa de las dimensiones del desastre cultural. Sacar a luz esas experiencias en su cabal significación constituye, una parte muy importante de la lucha contra la depredación.

Esta ponencia excluye en buena parte otros aspectos de una situación más amplia igualmente afectada por la depredación de lo que se entiende como patrimonio cultural. Se refiere al saqueo y destrucción culturales de los bienes de los periodos hispánicos e independiente, también muy codiciados, o sobre la desaparición de monumentos prehis­pánicos y coloniales causada por grandes obras de infraestructura, o por el galopante y criminal afán de alteración y eliminación del pasado que se llama modernismo o pro­greso.

Que quede lo aquí expuesto como un aporte y una esperanza de que, como trabaja­dores de la cultura, se sabrá hacer cargo del compromiso para el salvamento de una herencia cultural invalorable e irremplazable.

ANTECEDENTES

Pese a que el fenómeno de expoliación de los bienes culturales de las culturas precolombinas se inicie desde el momento mismo de la conquista, por la tan afamada codicia y el no menos legendario fanatismo de los invasores, en propiedad puede decirse que el saqueo cultural comienza realmente a mediados del siglo XIX, con el redescubri­miento para la cultura occidental, de las civilizaciones mesoamericanas desaparecidas. Gracias a los esfuerzos de incansables viajeros y exploradores europeos y estadounidenses que, como Stephens y Bernoulli, extrajeron importantes piezas con destino a los museos de sus respectivos países.

Durante esta época y aproximadamente hasta la década de los sesenta en el presen­te siglo, el saqueo se limitó a proveer a museos y colecciones privadas extranjeras de obras de arte, consideradas como tales, sin conceder mayor importancia a su valor como docu­mento histórico y no tanto por fines de lucro, sino para enriquecer colecciones sobre países y pueblos exóticos, en el mejor estilo de un Lord Elgin, pero afortunadamente sin los procedimientos de un Belzoni.

Con esta práctica, realizada bajo la consideración falaz de que “es mejor tener una obra de arte expuesta al público en un museo, aunque haya sido robada, que oculta bajo tierra o en la selva de su país de origen” (Schávelzon 1979:59), que niega a los pueblos el derecho de conocer y conservar su propia historia, fueron sacadas de Guatema­la buen número de bienes, fundamentalmente estelas, altares y dinteles, llegándose al extremo de que de ciertos sitios se obtuvo un número mayor de estos documentos escul­pidos del que permanece en territorio nacional.

Es de recordar mayormente el caso del sitio denominado Naranjo, cerca del límite con Belice, del cual fueron robados más de quince monumentos, algunos ya recuperados y devueltos a Guatemala, pero otros aún conservados en colecciones privadas o museos de los Estados Unidos y Gran Bretaña, en forma legítima o no. Un caso similar es el de Piedras Negras, muchas de cuyas piezas se hallan en colecciones públicas o particulares de París y Alemania.

En determinados casos ha sido posible rescatar algunas de estas estelas y altares, en parte gracias a la comprensión y honradez de museos extranjeros, o a la obligación de los gobiernos interesados, por medio de los instrumentos legales respectivos, bilaterales o multilaterales. Recientemente, el gobierno de Guatemala ha concedido mayor importan­cia a este tipo de reclamaciones de fragmentos de la soberanía, por lo que ha suscri­to un convenio con los Estados Unidos, para prevenir y combatir el tráfico y la tenencia ilícita de bienes arqueológicos. Finalmente ha ratificado la convención de la UNESCO con el mismo propósito, después de dormir por más de diez años en los archivos de la cancille­ría guatemalteca.

Un convenio similar al mencionado fue el suscrito hace poco más de diez años entre México y mi país, un ejemplo de mutuo interés, que con el tiempo fue seguido por otros países latinoamericanos.

La fase de la depredación mencionada y que se podría denominar como la de la obtención de obras de arte, tuvo como resultado no sólo la sustracción de monumentos esculpidos, fundamental pero no exclusivamente líticos, sino también la destrucción de un buen número de los mismos. Conforme avanzaba la lucha contra este fenómeno y para reducir los costos de las operaciones de los traficantes, éstos se dieron a la tarea de fragmentar las piezas, para obtener únicamente los frentes con representaciones humanas de las estelas, sin concederle ninguna importancia a los laterales con jeroglíficos.

Ello condujo a irreparables mutilaciones y casi generalmente a la pérdida de la información escrita de estos documentos en piedra, aunque es una suerte que en algunos casos fueran registradas previamente en forma conveniente.

En efecto, diversos investigadores han preparado corpus que no tan sólo sirven para rescatar algo del valor documental de la obra fragmentada, sino también constituyen fuentes probatorias de la proveniencia y propiedad legítima de las mismas, que han servi­do de base a varias reclamaciones, como en efecto se ha hecho en casos determinados.

Esta bien caracterizada etapa de la depredación arqueológica, localizada en mayor medida en sitios de los departamentos de Petén y el norte de Alta Verapaz, así como a Kaminaljuyu, dedica sus mejores esfuerzos a bienes del periodo clásico de la cultura Maya, esfuerzos que conllevan una infraestructura operacional de grandes proporciones. Se ha determinado que los saqueadores poseen medios muy modernos de transporte y trabajo, como helicópteros, aviones o avionetas, vehículos para todo terreno, barcos, sierras de alta velocidad, etcétera y también amplios contactos para su protección.

Ello es bastante comprensible si se observa que una estela fragmentada proveniente de algún sitio de Petén, puede llegar a cotizarse hasta en medio millón de dólares, en el mercado de Los Ángeles, por ejemplo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA DEPREDACIÓN

Al adquirir la condición de objeto de lucro o de inversión rentable, la posesión de bienes arqueológicos en determinados países representó, no sólo tener obras de arte de buen gusto, sino también la de un importante artículo comercial, más aprovechable como bien de cambio entre determinados sectores. A la larga, este factor condujo a la intensificación del saqueo y a situaciones más despiadadas de lucha, incluyendo el asesina­to, como ya ocurrió en el caso de unos agentes de vigilancia del Instituto de Antropología e Historia, destacados en un sitio de la recóndita selva petenera.

No se expondrá aquí sobre las prácticas de corrupción que este oficio trae consigo, pero para una mejor comprensión del problema que el mismo conlleva para la arqueolo­gía, puede mencionarse una ligera apreciación estadística de su magnitud, basada en experiencias personales y en informes de los inspectores de monumentos nacionales del Departamento de Monumentos Prehispánicos.

Para el periodo comprendido entre enero de 1984 y julio de 1987, se tiene documentación relacionada con 121 sitios arqueológicos, de 14 de los 22 departamentos de Guatemala, depredados en casi el 60%. De acuerdo con perspectivas no comprobadas por el momento, se plantea que el porcentaje indicado aumenta en forma notoria para la totalidad de los sitios conocidos y registrados.

Por medio de excavaciones, tales como trincheras y túneles generalmente, la nueva fase de la depredación se dedica, en mayor medida, a obtener piezas arqueológicas de jade y cerámica y mejor si son vasijas no fragmentadas y policromas, provenientes de tumbas o escondites de ofrendas, prefiriéndose nuevamente objetos de la época clásica.

En el caso de los materiales contenidos por piezas determinadas en una ofrenda, algunos de gran importancia para la investigación arqueológica como los orgánicos, así como en el caso de la cerámica fragmentada, su destino a ser abandonadas fuera de con­texto, a pesar de lo cual algunas han podido ser restauradas para fines de estudio o exposición.

Siendo excavaciones por lo general certeras y en ciertos casos de dimensiones extraordinarias (las que alrededor de fines de 1980 y principios de 1981 se abrieron en el sitio Río Azul, muy cercano a la frontera con México y la línea con Belice, tuvieron hasta 30 m de alto por unos 10 m en el interior de la estructura), parten literalmente construcciones o montículos piramidales, templos, palacios, juegos de pelota y otros. Ello ha hecho pensar que los saqueadores reciben asesoría técnica de arqueólogos profesionales, además de contar con recursos económicos, humanos y de equipos mejores y en mayor proporción que un proyecto autorizado de investigación arqueológica de campo.

Todo ello es muy necesario para poder trabajar con rapidez y con los mejores resul­tados, pues ha llegado a estimarse que en un sitio de regulares dimensiones como Río Azul podrán efectuar entre 100 y 200 excavaciones como la descrita en el curso de uno o dos meses de trabajo intensivo. Debe comprenderse que pasar inadvertido en estos casos es facilitado por la lejanía y el abandono de los diversos sitios.

De acuerdo con una experiencia de años de afrontar esta problemática y de los resultados de algunas investigaciones que para la lucha de la depredación se ha efectuado, se supone que el saqueo está regido por complejos mecanismos de operación y organiza­ción, que se inician desde el peón excavador (al que posiblemente se contrate en épocas de inactividad de las labores comunes como la agricultura) y termina en los ricos y algu­nas veces poderosos receptores finales de la mercancía cultural, pasando por los contra­tistas locales de mano de obra, los compradores‑intermediarios nacionales y los tratantes y proveedores internacionales.

Generalmente los eslabones extremos de esta cadena, nunca entran en contacto entre sí sino por medio de terceros y los coleccionistas prefieren en todo momento guar­dar el anonimato.

Por otra parte, se ha sabido que en determinados casos se hacen trabajos por encar­go específico, aunque generalmente se ofrecen los bienes en forma indiscriminada.

Entre los mercados más escogidos para la venta de piezas arqueológicas de Guatema­la están, entre otros, Nueva York, Los Ángeles, Miami, Nueva Orleans, París, Colonia y Tokio, siendo algunos de países vecinos y Guatemala por supuesto, las rutas de tránsito de las mismas.

Inclusive, son de notar algunas subastas públicas de objetos de Guatemala, en luga­res tales como la Galería Sotheby’s de Nueva York, en la que se presentó para la venta, entre una buena cantidad de materiales diversos provenientes de toda América (incluyendo Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y México), un lote de 81 piezas de las Tierras Bajas, Altiplano y Costa Sur guatemaltecas y básicamente del Preclásico y Clásico Tardío, todas ellas con un valor global mínimo de 280,000 dólares, de acuerdo con los precios fijados por la propia casa oferente, como se indica en su catálogo de 1984.

Indudablemente, ésta es tan solo una de las pocas oportunidades en las que ha podido conocerse ampliamente el detalle de la venta ilícita de bienes arqueológicos, en escala tan grande. Venta ilícita, pues es altamente probable que los responsables de esta subasta no podrán demostrar que contaron con la autorización del gobierno de Guatemala para la salida del país de los materiales referidos, ni tampoco sus poseedores originales, sean éstos guatemaltecos o extranjeros.

De lo hasta aquí expuesto podrá deducirse que la depredación de este patrimonio, constituye una actividad casi constante en el transcurso de los últimos 20 ó 25 años, con grandes repercusiones para la investigación arqueológica y que constituye una práctica comercial internacional que involucra grandes recursos, e inclusive, que tiene insospechadas vinculaciones, por la posición o condición de aquellas personas que la apoyan, encubren, fomentan y/o auspician.

En general, podría decirse que dichos individuos son los mismos que pretenden negar o tergiversar o manipular la historia de un país, que aún está buscando encontrarse con su propio destino y luchando por la construcción de una identidad auténticamente nacional. Sin embargo, que quede para otra ocasión el análisis sobre el saqueo y la des­trucción del patrimonio cultural en su conjunto, como fenómenos peculiares de aliena­ción. 

PREVENCIÓN Y LUCHA

De acuerdo con la compleja problemática que plantea la depredación arqueológica en Guatemala, es muy poco lo que puede hacerse para combatir en las condiciones de la situación actual del país. Sobre todo, aunque no en forma determinante, por los limitados recursos económicos y humanos con los que el Instituto de Antropología e Historia cuen­ta para éste y otros propósitos, así como por el creciente auge que los saqueadores y traficantes han logrado con no mucho esfuerzo.

Las leyes nacionales protectoras de los bienes culturales deberían ser instrumentos suficientemente eficaces para desalentar o reprimir la depredación, si realmente fueran cumplidas, aún a pesar del carácter ya obsoleto de algunas de ellas.

En la legislación guatemalteca respectiva, está establecida la prohibición de efectuar excavaciones no autorizadas y extraer en forma ilícita del país los bienes arqueológicos. Se definen también las penas relativas a la infracción de estas normas aunque en la reali­dad no exista la figura del delito contra el patrimonio cultural y que la actitud de las autoridades judiciales y policíacas sea algunas veces de complicidad, tanto por ignorancia como por lenidad.

Por supuesto, se encuentran excepciones a esta última regla, pues por medio de la eficaz, aunque esporádica cooperación de la Guardia de Hacienda y la Policía Nacional, se han logrado recuperar cargamentos algunas veces millonarios de piezas.

Uno de los problemas más grandes que se han observado en este fenómeno, es la ambigüedad de la legislación. En realidad es permitida la venta libre de bienes cultu­rales en el territorio nacional, aunque su tenencia teóricamente está reglamentada por la inscripción correspondiente en el registro del patrimonio cultural, del Instituto de Antro­pología e Historia.

Otra de las dificultades es la relacionada con la ausencia de prohibición legal para que los extranjeros puedan poseer estos bienes. Se ha dado el caso de representantes diplomáticos de otros países que, al amparo de su inmunidad, han sacado buena cantidad de ellos sin contar con ninguna autorización.

Por otra parte, no hay casi ninguna entidad privada del país que colabore en la defensa del  patrimonio, si se exceptúan algunas muy pocas (en especial la Asocia­ción Tikal), que con loable afán de aficionados facilitan recursos y medios para ayudar a este propósito. Cabe destacar al respecto la organización de la llamada Operación Rescate, que entre 1969 y 1973 contribuyó en buena medida a evitar el expolio de monumentos esculpidos de Petén, algunos de los cuales fueron recuperados de México, Belice y Estados Unidos.

Pero otras, han servido sólo para que sus dirigentes figuren socialmente y hasta sirven de mercado para los depredadores.

Se cree, además, que realmente no podrá combatirse esta destructora práctica, si no se logra, por un lado, que los países receptores de piezas arqueológicas queden realmente obligados y comprometidos a luchar contra los traficantes y coleccionistas de sus propias nacionalidades y al devolver a su lugar de origen aquellas que ingresen o hayan ingresado ilegalmente a los mismos.

A propósito debe recordarse el llamado internacional sobre esta cuestión y el reconocimiento de la responsabilidad culpable de aquellas potencias que han efectuado o propiciado el expolio hecho por el actual ministro de cultura de Grecia, Melina Mercouri, así como a la solidaridad que debe unir a los despojados en esta reclamación de elementos de su historia.

Las dificultades para que prospere una acción de este tipo y la profunda intencionalidad de la acción depredadora puede resumirse con las expresiones en el sentido de que de prosperar la reclamación, los más grandes museos de ciertos países de Europa y de los Estados Unidos, deberían cerrar sus puertas por falta de materiales de exhibición.

Al respecto de la solidaridad internacional, debe mencionarse la válida y activa participación de distintos especialistas en arqueología Maya, que como en el caso de Richard E. W. Adams, Ian Graham, Karl Herbert Mayer y Clemency Coggins, entre otros, ha dado lugar a importantes campañas y estudios tendientes a reducir, aún sea mínimamente, la depredación de bienes arqueológicos de Guatemala.

El Instituto de Antropología e Historia de Guatemala sostiene que el mejor de los medios para lograr la defensa del patrimonio cultural, debe comenzar por el desarrollo de una extensa toma de conciencia sobre este fenómeno y sus consecuencias, así como sobre el significado real y objetivo de dicho patrimonio en los más amplios sectores de la población que sea posible.

Es ésta una de las tareas más ambiciosas a emprender, que poco a poco está siendo afrontada. Pero ésta debe ser parte de un proceso más amplio de conocimiento y comprensión de la historia y no simplemente un impulso romántico o elitista de preservación de un pasado sin sentido histórico.

REFERENCIAS

 Schávelzon, Daniel

1979    El saqueo arqueológico en Guatemala. Boletín del Instituto Nacional de Antropología e Historia 22, México.